Aunque en la historia de Costa Rica solo se ha realizado un referendo, fue hace 13 años, en octubre del 2007, cuando se votó si se aprobaba o no el TLC con Estados Unidos (por estrecho margen ganó el SI) resulta que es frecuente que los ciudadanos pulseen estas consultas populares, lo que sucede es que algunas son muy curiosas, como pedir un referendo o votación para decidir si se echa agua bendita en todas las ventanillas de la Caja del Seguro.

Las consultas populares volvieron a sonar con fuerza estas semanas para resolver la pesca de arrastre del camarón, ley que el pasado viernes el presidente Carlos Alvarado vetó o frenó cuando ya había sido revivida en segundo debate en la Asamblea Legislativa.

Solo el año pasado el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), encargado de darle camino a este tipo de iniciativas ciudadanas, recibió ocho solicitudes de referendos. Entre ellas estuvo una que pretendía la apertura en materia de hidrocarburos, para que no fuera solo Recope la encargada de la distribución de combustible en el país.

Andrei Cambronero, letrado del TSE, dice que muchas de las peticiones no llegan a buen término porque están relacionadas con las excepciones que estipula la ley.

El referendo no se puede convocar para resolver temas en materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de préstamos y contratos o actos de naturaleza administrativa.

Lluvia de ideas

Cambronero cuenta que le ha toca ver todo tipo de peticiones, algunas bastante curiosas.

“En el 2007 un ciudadano pidió un referéndum porque quería que se pusiera agua bendita en todas las ventanillas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esa iniciativa no llegó a concretarse porque no se recogieron las firmas necesarias para la convocatoria de la consulta popular”.

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Eso quiere decir que la idea sí superó los primeros pasos de revisión, tanto del TSE como de la comisión técnica de la Asamblea Legislativa, que revisa los posibles proyectos de ley que propone la gente.

El ciudadano que hizo ese intento fue Francisco Ramón Jaén Martínez, quien murió en el 2014.

"Recuerdo también que en el 2016 presentaron en el Tribunal una constitución política hecha por él (Jaén), porque quería que se hiciera un referéndum para que esa se convirtiera en la constitución oficial del país, pero eso no es posible.

“También recuerdo una petición para convocar a una consulta popular que permitiera en ciertos casos quitar de sus cargos al presidente de la República de turno y también a los disputados, esa tampoco prosperó”, recordó.

Esa petición fue hecha por Virginia Corrales, una vecina de Río Cuarto de Alajuela, que dice estar cansada de que los presidentes prometan y prometan en campaña y luego no cumplan nada, por eso tuvo la iniciativa.

"La solicitud por el voto pragmático (que consiste en hacer que los mandatarios cumplan lo que prometieron) la hice en el 2015 y no fue por un presidente en específico, sino que la idea era plantear la posibilidad de que cuando un presidente se olvidara de lo que prometió y los diputados también, el pueblo pudiera quitarlos, pero en el Tribunal me rechazaron el referéndum; lo rebotaron dos veces pese a que le hice correcciones.

“Aunque mi proyecto no se llevó a cabo, sigo creyendo que a partir del momento en que un presidente o un diputado sea removido por la decisión tomada por el pueblo en un cabildo, las cosas van a cambiar y los mandatarios y legisladores tendrían mucho más cuidado al ejercer su cargo”, aseguró.

Pique a diputados casi la pega

Aunque muchas de las solicitudes se han quedado pegadas desde el principio, algunas sí han logrado avanzar e incluso han pegado en el palo, o sea, han estado apunto de concretarse.

Ese es el caso de la propuesta de un grupo de campesinos llamada el Pulmón del Mundo. Ese plan fue presentado en el 2013 y ya en el 2015 los promotores lograron recoger las firmas necesarias para pedir el referéndum, pero a lo último el Tribunal dijo que no.

Cambronero contó que la idea de la agrupación era que cada vez que en la Asamblea Legislativa se aprobara algún tema relacionado con el medioambiente, ellos fueran consultados.

“La solicitud fue avanzando y ya cuando estaban listas las firmas el Tribunal hizo la última revisión y determinó que la ley no procedía porque afectaba el principio de igualdad y la no discriminación, ya que las otras organizaciones que defienden el ambiente no recibirían el mismo tratamiento”, explicó el letrado.

Marco Aurelio Carpio fue el principal promotor de esa iniciativa y dice que le duele mucho haber llegado tan lejos y no ver su proyecto concretado. O sea, la pegó en el aro.

"Invertimos mucho tiempo y dinero y al final no logramos el cometido. Después de eso muchos de los integrantes del grupo El Pulmón del Mundo se decepcionaron y se fueron, pero aún quedamos personas que luchamos por la preservación de la naturaleza.

“Logramos recoger 400 mil firmas, eso deja en evidencia que mucha gente estaba de acuerdo con nuestra propuesta. Vea lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la pesca de arrastre, definitivamente sí se necesita supervisión en la decisión de los legisladores de este país”, destacó Carpio.

¿Cómo se hace?

Cambronero, letrado del TSE, explicó cuál es el proceso para pedir un referendo.

El primer paso es que los ciudadanos que deseen solicitarlo deben redactar un documento en el que expresen el por qué de la petición y adjunten el proyecto de ley que desean enviar a consulta, ya sea uno propio o uno que ya esté en la corriente legislativa.

Una vez recibido, funcionarios del Tribunal lo revisan y si ven que cumple con los requisitos necesarios, su contenido no interfiere con las excepciones en las que no se permiten consultas populares y que está bien fundamentado, lo envían a una comisión técnica de la Asamblea Legislativa para que los legisladores lo revisen y hagan un resumen sobre el fondo del asunto, después definen cuánto porcentaje de participación ciudadana sería necesario para que el resultado sea vinculante (obligatorio de acatar) y devuelven el documento al TSE.

Ya con el análisis técnico de los legisladores se hacen los machotes de las hojas para recoger firmas y se les pone el resumen hecho por los diputados. Esas hojas también son selladas y firmadas por el Tribunal.

“Los gestores deben recaudar las firmas de al menos el cinco por ciento del padrón electoral, es decir, unas 165 mil, el tiempo que tienen para hacerlo es de nueve meses y pueden acceder a un mes más de prórroga. Luego el Tribunal verifica que las firmas no estén repetidas y que las personas que aparecen ahí estén con la cédula al día, entre otras cosas”, explicó.

Si todo sigue puras tejas, el TSE convoca al referendo, el cual debe hacerse en un plazo máximo de tres meses después. Cambronero dijo que en la actualidad un proceso de estos le costaría al Estado unos 3 mil millones de colones.

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