EscucharLa presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, está teniendo un terrible inicio de año ya que la Contraloría General de la República la acusó de algo muy grave.
El periódico La Nación informó que La Contraloría envió a la Fiscalía una información en la que, al parecer, se da a entender que Marta Esquivel habría maquillado informes actuariales con base en los cuales ella y el resto de miembros de Junta Directiva decidieron paralizar la construcción de nuevas clínicas y hospitales.
Además, esos informes habrían sido la base para hablar de la presunta quiebra del sistema de Seguridad Social.
La decisión de enviar el caso al Ministerio Público consta en documento firmado por Rafael Picado López, gerente de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría.
La Contraloría inició la revisión de este asunto en julio del año pasado cuando recibió una denuncia relacionada con dos informes actuariales.
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“Dicho informe tiene dos versiones, una que señala que la CCSS es sostenible hasta el 2031 y otra que indica que la CCSS empieza en crisis en 2023 y quiebra en 2027. Se presentó una versión diferente del informe en diez días y se tomaron decisiones en menos de tres horas en la Junta Directiva”, señaló la denuncia.
La Teja consultó a la Fiscalía en qué etapa está la investigación, si hay más personas bajo la lupa por este caso y qué delitos podrían achacárseles, pero aún no hay respuesta de la autoridad judicial.
También pedimos una reacción a Marta Esquivel por medio del departamento de prensa de la Caja, pero recibimos un correo electrónico de respuesta automática en el que indican que están de vacaciones y regresan hasta el 8 de enero.
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Este es la segunda revelación que hace la Contraloría de la presidenta de la Caja en menos de un mes. El 20 de diciembre se dio a conocer que Esquivel estaba recibiendo un salario de ¢7.158.848 mensuales desde que fue nombrada, el 20 de setiembre del 2022.
Sin embargo, según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, implementada en el 2018, el salario total de los servidores públicos no puede superar el equivalente a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos; es decir, ¢5.565.000 mensuales.
Eso quiere decir que Esquivel, desde que asumió ese puesto, ha estado percibiendo ¢1.593.848 mensuales por encima del tope establecido por la ley.
