Los sindicatos de la salud están de acuerdo con el fallo de la Sala Cuarta que respalda la decisión de que la vacuna contra el coronavirus sea obligatoria para los trabajadores del Instituto Nacional de Seguros, Caja Costarricense de Seguro Social y Ministerio de Salud.

“No nos sorprende para nada este fallo. Todos nuestros afiliados trabajan en la primera línea de batalla contra el covid-19 y por eso sabemos que la legislación sobre el tema se debe respetar, sobre todo los que trabajamos en el sector salud.

“Estamos amarrados a lo que indica la Ley General de Salud y, en ese sentido, es bien clara en indicar que nosotros estamos obligados a cumplir con el esquema básico de vacunación que indica el Ministerio de Salud y ya en este esquema se incorporó la vacuna del covid-19. Estamos obligados a vacunarnos para poder trabajar”, explicó Lenín Hernández Navas, secretario del Sindicato de Enfermería, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y vocero de la Mesa Patriótica (observatorio ciudadano del proceso de vacunación en Costa Rica).

Los magistrados de la Sala Cuarta declararon sin lugar 13 recursos de amparo, presentados en mayo pasado por breteadores de la Caja, quienes le dicen nel pastel al pinchonazo contra el covid-19.

En el fallo se recordó que, desde el 9 de octubre del 2020, se dejó bien claro que la vacunación es obligatoria para los trabajadores de la salud.

“Esta Sala ha reconocido, en primer lugar, la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas y, en segundo lugar, que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas”, afirmaron los magistrados.

Puede afectar al paciente

“Los trabajadores de la salud tenemos bien claro que, por ejemplo, si trabajo con gripe, puede que a mí no me afecte mucho, pero a un paciente con problemas de defensas, o por el motivo que sea, esa gripe, si yo lo contagio, podría convertirse en neumonía. Vemos con muy buenos ojos que la vacuna sea obligatoria”, explicó don Lenín.

El secretario del sindicato de enfermería contó que, cuando inició el proceso de vacunación, tuvieron unos 500 funcionario de salud que no querían vacunarse, pero con un trabajo de información clara, bajaron esa cifra al punto que actualmente solo les quedan unos 35 que se siguen oponiendo.

“Los trabajadores de la salud más bien estamos pidiendo la tercera dosis. Enviamos una carta a las autoridades para que apuren la decisión de vacunar a todos los trabajadores de la salud del país con la tercera dosis. Ya nos han adelantado que para inicios del 2022 se tiene previsto esa tercera dosis”, añadió Hernández, quien también habla a nombre de la UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado), que es parte de la Mesa Patriótica.

Prefiere el despido

Jairo Barrantes Vargas, informático de la Caja, quien presentó uno de los recursos de amparo, le dijo a La Nación que, a pesar de lo que diga la Sala Cuarta, no se vacunará, así le llueva tieso y parejo con las sanciones.

“Prefiero que me despidan, la verdad no sé si me abrieron un procedimiento o no, creo que todavía no porque no he sido notificado, pero en cualquier momento lo pueden hacer y pondré otros recursos de amparo”, declaró el funcionario.

Bien por todo lado

El epidemiólogo Yayo Vicente aseguró que está muy contento con el fallo.

”Desde el punto de vista epidemiológico, entre más personas se vacunen, es mejor para ir llegando a la inmunidad de rebaño. Desde el punto de vista de la libertad de cada uno, también, pues no tengo derecho moral de afectar a otros. Desde el punto de vista económico, también, porque cuesta mucho dinero un paciente en una Unidad de Cuidados intensivos.

“Parece que se abrió la puerta para exigir la vacuna como parte de los reglamentos de seguridad poblacional, selección de clientes en negocios y demás actividades. Nadie tiene derecho de enfermar a otro por capricho, esos deben recibir la sanción social, como hacemos con los fumadores”, aseguró el experto.