EscucharFrancisco Campos, secretario general del Sindicato Nacional de Conductores Especializados y Afines de Costa Rica (SINACOESA), interpuso una denuncia urgente contra las empresas del Grupo CESMAG.
Esas compañías son propiedad de Esteban José Ramírez Biolley, conocido como Orlando y representante de los autobuseros en la junta directiva del Consejo de Transporte Público (CTP).
Los hechos que denuncia Campos serían morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Banco Popular y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
También la falta de apertura del proceso de caducidad de la concesión y revocatoria de los permisos, otorgamiento ilegal de tarifa, reportes falsos a la Aresep, utilización de menos flota de la autorizada y realización de menos servicios.
Ramírez Biolley afirmó estar al día con la CCSS y adjuntó los estados financieros que lo comprueban.
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La denuncia --de diez páginas-- se dirigió al despacho del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador; a la viceministra de Transportes, Laura Ulloa; a los diputados, a la Intendencia de Transportes, a la Dirección de Atención al Usuario de la Aresep y a la Defensoría de los Habitantes.
Deuda millonaria
El empresario autobusero reconoció deber ¢351 000.000 a la Aresep correspondiente al canon de ¢1 300.000 por los 270 buses y por la cual, la reguladora adjunta, Xinia Herrera, no aceptó llegar a un arreglo de pago y elevó al caso a instancias jurídicas.
“Adicionalmente a las empresas que representa Ramírez, deben ser revisadas y proceder con la caducidad de la concesión, dichas empresas y sus respectivos representantes son los siguientes: Autotransportes Cesmag, S.A.; Magasoso de Las Lomas Sur S.A., Transportes El Carmen de Tres Ríos S.A. y Autotransportes Zapote S.A.
“Y la denuncia es extensiva a las de Mauricio Ramírez Biolley, de la empresa Transportes Públicos La Unión S.A.; Víctor Hugo Montoya Chavarría, presidente de Transportes del Este Montoya S.A. y Roy Ricardo Ramos Robles, de Autotransportes Raro S.A.”, dice la denuncia.
Por lo anterior, Sinacoesa pide se investigue e informe por qué con las anomalías antes descritas la Intendencia de Transportes y la Aresep no han procedido con la caducidad de la concesión de esas rutas y con la revocatoria de los permisos.
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Estudio de Auditoría
También pide que se investigue e informe por qué la Aresep le ha dado tarifa a la empresa si se encuentra morosa.
La Aresep respondió que la denuncia le llegó este martes y que la analiza.
Campos pidió también un estudio de auditoría sobre la demanda real de pasajeros de esas empresas, los ingresos que se reportan a diario de los autobuses en operación, lo reportado en informes estadísticos diarios, depósitos diarios de los ingresos y los registros contables.
El representante del sector autobusero dijo estar anuente a cotejar los reportes de las barras que demuestran los usuarios que movilizan.
Campos pidió también a los responsables revisar directamente en la empresa cuántos buses se encuentran varados o desarmados en los predios y talleres de la empresa, desde hace cuánto esas unidades no brindan servicio, por qué si hay unidades fuera de operación aparecen con la revisión técnica vehicular al día y reportadas en las estadísticas a la Aresep como laborando y asignándoles cantidad de pasajeros transportados.
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¿Rampas en uso?
Finalmente el secretario general de Sinacoesa solicitó también constatar físicamente cuántas unidades tienen la rampa para personas con discapacidad en buen estado.
Específicamente al MOPT le piden revisar e informar por qué un empresario --en este caso Ramírez Biolley-- posee y forma parte de más de dos rutas si eso va contra el artículo 11 de la ley que regula el transporte público.
Ramírez sostiene que él no es el dueño de las rutas, sino el representante legal.
“Solicitamos se realice un estudio de demanda en todas las rutas y ramales que operan las empresas antes mencionadas, ya que según informes de sus colaboradores recibidos de manera confidencial, están manipulando la información real de movilización de pasajeros y reportando menos movilización de la verdadera a la Aresep para contener la tarifa otorgada, lo que constituye una presunta defraudación al ministerio de Hacienda”, puntualizó Campos.
“El CTP en el 2020 tomó la determinación de bajar hasta un 30% de la flota y la empresa solo cumplió la orden del Consejo porque si no las tarifas se habrían disparado en un 100% para el usuario”, aseguró Ramírez.
