EscucharDice el dicho: “Más hace el que quiere que el que puede” y podríamos decir que se aplica en esta oportunidad al presidente de la República, Carlos Alvarado, quien pensó que no le daría tiempo para firmar el veto a la ley que impedía a los medios de comunicación informar sobre hechos de corrupción, pero sí lo logró.
Alvarado vetó parcialmente el decreto legislativo denominado “Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia”, por razones de constitucionalidad, así como de conveniencia y oportunidad.
El veto parcial también fue firmado por la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, y el ministro de Comunicación, Agustín Castro.
El mandatario explicó que hay razones de oportunidad y conveniencia para vetar los incisos b), e), f), g), h) e i) del artículo 8, del Decreto Legislativo 10.242.
“Estos incisos a pesar que tienen “una loable intención de regular adecuadamente el acceso a la información pública, podrían ocasionar confusiones interpretativas que lo limiten u ocasionen inseguridad jurídica”, señala el documento.
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Por otra parte, se vetó parcialmente razones de constitucionalidad en los incisos d) y k), los cuales representan un riesgo para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública y para la libertad la prensa, por lo que resultan inconstitucionales, en tanto evidencian roces con la Constitución Política y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“La limitación establecida en el Decreto Legislativo N° 10.242 genera un quebranto al orden constitucional y convencional del ejercicio de la libertad de prensa, la cual ha sido uno de los valores más importantes de la democracia costarricense a lo largo de la historia”, detalló el presidente.
Por su parte la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, dijo: “estamos plenamente comprometidos con garantizar el acceso a la información a la ciudadanía, pero también comprendemos que este acceso a la información debe enmarcarse no solo en los principios de constitucionalidad que nos rigen, sino también de los compromisos que hemos asumido con las convenciones internacionales. Invitamos a la Asamblea Legislativa para que en el menor tiempo posible pueda conocer este veto y así subsanar la norma y darle al país garantía de que podrán tener siempre acceso a información de la gestión pública y de los asuntos de interés del país”.
El ministro de Comunicación, Agustín Castro, expresó: “Ante las preocupaciones de distintos sectores como medios de comunicación, el Colegio de Periodistas y expertos en derecho por los errores contenidos en el texto aprobado por la anterior Asamblea Legislativa y la eventual afectación que podrían causar a las libertades de expresión e información, el Gobierno de manera expedita dio prioridad al estudio del decreto legislativo y a la emisión del veto parcial, con el propósito de que se puedan enmendar esos errores y contar lo más pronto posible con una legislación en la materia que a la vez sea compatible con el ejercicio más amplio posible de esas libertades”.
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