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¿Servirán los remiendos que le hizo el Gobierno a la ley jaguar? Aquí se lo explicamos

Ley jaguar: Rodrigo Chaves encontró una “solución” para rescatar su proyecto de ley que cuesta creer

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Rodrigo Chaves tuvo que inventar una enorme mentira con tal de hacer creer a la gente que el proyecto de ley jaguar, su proyecto estrella, “goza de buena salud”.

Así lo explica el politólogo Gustavo Araya, quien dice que el mandatario está contra las cuerdas porque la Sala Constitucional declaró inconstitucional la iniciativa.

La gran mentira de Chaves que señala el politólogo es que nunca aceptó que la ley jaguar fue declarada inconstitucional y se fue por las ramas cuando la prensa le preguntó al respecto, hasta se atrevió a decir que en lugar de una derrota la decisión de la Sala representó una victoria, cuando la realidad es que tuvo que correr a hacer un nuevo proyecto de ley, también llamado jaguar, para ver si ese sí pega.

Rodrigo Chaves llegó a la Asamblea Legislativa para presentar un proyecto de ley sobre el referéndum
Rodrigo Chaves sigue defendiendo la ley jaguar, pese a que es inconstitucional. (Rocío Sandí Z.)

“Esto es un triunfo porque los magistrados reconocieron el punto fundamental de todo este debate de política pública que hemos vivido. El punto fundamental es que la Contraloría General ha co-gobernado, se han metido en la administración activa del Gobierno de manera inconstitucional desde el año 1994″, dijo Chaves.

Chaves sacó de contexto una parte de la resolución de la Sala que dice “Por mayoría, el artículo 3 resulta inconstitucional, salvo respecto de los verbos ‘sustituir’ y ‘abarcar’, en el tanto la Contraloría General de la República no ejerce funciones de administración activa”.

La sacó de contexto porque la ley jaguar original decía “De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política es claro que la Contraloría en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden, exclusivamente, a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión, ni sustituir las competencias de administración pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa”.

Como los magistrados dijeron que los único verbos que son inconstitucionales son sustituir y abarcar, Chaves cambió la redacción de ese artículo propuesto en la nueva versión del proyecto de ley, la cual dice así:

“De conformidad con los artículos 11, 183 y 184 de la Constitución Política la Contraloría General de la República, en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones, no podrá sustituir o abarcar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión y en el ejercicio de sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa; tal y como lo precisa el inciso a) del artículo 2 de la Ley General de Control, Ley N°8292 de fecha 04 de setiembre del 2002″.

Pese a que el gobierno eliminó los demás verbos, mantiene la eliminación de la obligatoriedad del acatamiento de las disposiciones y directrices de la CGR, lo que de igual manera afecta la institución.

Además, el nuevo proyecto de ley conserva la modificación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, una reforma que, según dice la Contraloría, permitiría las contrataciones a dedo en contra del principio de concurso público fijado en la Constitución Política.

Édgar Espinoza, esposo de Pilar Cisneros, fue quien presentó el documento en el TSE
Édgar Espinoza, esposo de Pilar Cisneros, volvió a solicitar un referéndum por iniciativa popular. (Cortesía)

Este artículo no fue consultado por el TSE a la Sala IV. Sí está incluido en las consultas planteadas por los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) y la Contraloría, que aún no han sido admitidas para estudio por el Tribunal Constitucional, por lo que más adelante ya el nuevo proyecto también sea declarado inconstitucional.

El Ejecutivo planteó esa forma para contratar sin concurso al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el desarrollo de Ciudad Gobierno, por $450 millones.

Al igual que cuando presentó la ley jaguar original, el mandatario lo hizo por doble vía, tanto en la Asamblea Legislativa como en el Tribunal Supremo de Elecciones como una iniciativa popular.

Gustavo Araya asegura que estas acciones de Chaves son desesperadas.

“El Gobierno necesita demostrar que puede hacer política pública, porque no ha hecho nada, y que es una buena opción electoral, porque no lo ha sido. El gobierno necesita transformar su popularidad en acción social y votos, sabe que tiene el agua al cuello, que tiene muy poco tiempo.

“No hay forna de presentar un remiendo (porque el proyecto sigue siendo inconstitucional), pero él necesita correr para se convoque a un referéndum, incluso basado en mentiras, en inconsistencias, en inconstitucionalidades y por eso quiere hacer creer a sus seguidores que la Sala no se trajo abajo su proyecto de ley jaguar, no puede aceptarlo, tenía que inventar una mentira más grande y decir que la Sala ha hecho mejoras más bien”.

Daniel Calvo, quien también es politólogo, coincide con Araya al decir que las declaraciones de Chaves de este martes son un intento para congraciarse con la gente y ganar votos.

“El presidente hoy (martes) le habló a un público que no necesariamente entiende o le interesan estos temas y lo que dijo fue ‘la Sala Constitucional me está atravesando el caballo, me sigue fregando, entonces vamos a darle vuelta, a quitar lo que nos estorbaba de este proyecto y vamos para adelante’, además, refuerza el discurso que ha tenido siempre de que ni la Sala, ni la Contraloría, ni la Asamblea Legislativa lo dejan gobernar, y de que ahora cualquier nueva consulta que se haga o nuevo pero, la gente de a pie va decir que es una necedad de la Sala va a decir que eso es una necedad, sin tener completamente claro lo que está pasando”, expresó el experto.

Calvo dijo además que el presidente es muy hábil en su expresión oral, pero muy incapaz en cuanto a la redacción de iniciativas.

Pese a las intenciones de Rodrigo Chaves y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, de que como supuestamente el proyecto “ya está corregido” no debería de ser revisado, sino casi que aprobarse de forma directa, las cosas no son así.

Araya dice que los diputados podría volver a enviar el proyecto al Departamento de Servicios Técnicos para hacer consultas. Además, el Tribunal también podría volver a mandarlo a la Sala Constitucional. Todo eso lleva tiempo, meses, lo que hace cada vez menos probable que dé tiempo para que se lleva a cabo el referéndum.

25 Julio 200 años de  Anexión de Nicoya
El Gobierno omitió los vicios de inconstitucionalidad y defendió la polémica iniciativa. (Alonso Tenorio)

Por su parte, Daniel Calvo, dice que incluso el proyecto original de la ley jaguar todavía podría dar más sorpresas negativas para el Gobierno.

“Se presentaron varias consultas sobre la ley jaguar, la que respondió ayer (lunes) la Sala fue únicamente la del Tribunal Supremo de Elecciones, todavía están pendientes la que presentó la Contraloría, la de los diputados de Liberación Nacional y la de los diputados del Liberal Progresista.

“Dentro de esas otras consultas también hay artículos sobre los cuáles no se consultaron por parte del Tribunal, esto quiere decir que los demás artículos de la ley jaguar también podrían ser inconstitucionales, eso es una posibilidad desde el punto de vista legal.

“También está pendiente que el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea se pronuncie sobre el tema de conexidad del proyecto: parte de los artículos del proyecto tienen que ver con la Contraloría, otros tienen que ver con Contratación Pública, y puede ser que el informe de Servicios Técnicos diga que no se pueden mezclar peras con chayotes, entonces tendría que hacerse un proyecto para las reformas a la Contraloría y otro para lo de contratación pública, eso es la conexidad”, explicó.

Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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