EscucharEl reciente secuestro virtual que sufrió el primo del diputado Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista, puso sobre el tapete la falta de herramientas de las autoridades judiciales.
El familiar del legislador cayó en la trampa de los delincuentes y llegó a una finca en Guanacaste donde supuestamente haría un negocio, pero al final nadie llegó, pero sí lo llamaron para decirle que estaba rodeado y que si se movía lo iban a matar.
Los mañosos estuvieron llamando al diputado Vargas y otros familiares de la víctima para pedirles plata, pero por dicha el legislador se movió y llamó al OIJ y se dieron cuenta de que en realidad todo era una estafa virtual y los secuestradores no estaban cerca, por lo que el hombre escapó sano y salvo.
A raíz de esa situación Vargas y Randall Zúñiga, director del OIJ, estuvieron en comunicación y presentaron un proyecto hecho por el Colegio de Abogados, para que se le dé armas a la Policía Judicial.
Resulta que el OIJ actualmente no puede llegarle a la ubicación geológica de las direcciones IP cuando las comunicaciones son por ejemplo por WhatsApp u otras aplicaciones de este tipo, lo que impide actuar en el momento en el que se están cometiendo este tipo de delitos, pero eso se acabará.
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El proyecto de ley presentado pretende que las operadoras celulares estén obligadas a dar la localización de esas direcciones para que así los oficiales puedan saber con exactitud dónde están los maleantes.
“Hoy en día, a pesar de la buena voluntad de varios de los actuales operadores y proveedores de telecomunicaciones, es necesario estandarizar los criterios para una respuesta oportuna. Los procesos de investigación judicial no pueden estar sujetos a la diversidad de criterios de los operadores para atender los requerimientos judiciales. La inmediatez de la prueba es esencial para la búsqueda de la verdad de los hechos investigados, en protección de la ciudadanía.
“Actualmente se presentan requerimientos judiciales a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, que pasan meses sin ser atendidas. Se requiere de una normativa, que en concordancia con la ya aprobada, establezca la obligatoriedad de la entrega y los tiempos de respaldo de la información”, explica el diputado en el documento.
La iniciativa agrega artículos a la Ley General de Telecomunicaciones para que se cumplan con estas solicitudes.
“El Ministerio Público podrá solicitar los datos de tráfico nacional e internacional, registros, de localización y geolocalización, direcciones IP y demás relacionados con los usuarios finales y servicios, que sean tratados y suministrados por operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones. Estos podrán ser solicitados en tiempo real.
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“Se autoriza al Ministerio Público a delegar la solicitud en cuerpos de policía de investigación mientras se mantenga una supervisión de las solicitudes”, dice uno de los nuevos artículos.
El proyecto de ley también establece que las operadoras deberán guardar histórico de estos datos de sus usuarios la menos por tres años.
