EscucharAunque sea difícil de creer, en Costa Rica, si una persona mete un celular a una cárcel par dárselo a un privado de libertad, el tema no pasa de una regañadita.
La falta de castigos para quienes se atreven a meter ese tipo de aparatos electrónicos a los centros penales hace que los vivazos se atrevan a hacerlo sin pensarlo mucho, pero ahora eso podría cambiar.
Entre los proyectos que envió el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para el inicio de la sesiones extraordinarias, se encuentra uno que pretende cambiar la legislación y castigar con penas de cárcel a quienes meten celulares a las cárceles.
“De acuerdo con datos suministrados por la dirección de la Policía Penitenciaria, de octubre a diciembre de 2023, se incautaron 784 teléfonos celulares, asimismo, se logró detectar que los privados de libertad buscan otros métodos para lograr su cometido, como lo es el uso de chips internacionales ya que, según las estadísticas de la dirección de la Policía Penitenciaria, en ese mismo periodo decomisaron 563 chips internacionales, entre ellos de Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala, Salvador, Colombia y Estados Unidos.
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“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares, utilizado actualmente en nuestro sistema, posee algunos puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, detalla la argumentación del proyecto de ley.
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Es por eso que el Gobierno pretende hacer un cambio en la ley para que diga lo siguiente:
“Introducción de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos tecnológicos en los centros penitenciarios. Se impondrá pena de dos a cuatro años de prisión a quien, sin estar autorizado legal o reglamentariamente para ello, introduzca, facilite o procure por cualquier medio, el ingreso a un centro penitenciario de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos tecnológicos o partes de estos, cuyo objetivo sea la comunicación con el exterior, así como tarjetas sim, enrutadores, adaptadores de red, cargadores o cables.
“La pena se agravará en un tercio si las acciones descritas anteriormente son realizadas por un funcionario público, proveedores de servicios o productos en los centros penitenciarios, abogados en el ejercicio de su profesión o cualquier otra persona a la que se le haya otorgado una autorización de ingreso especial a un centro penitenciario”, detalla el proyecto de ley.
