EscucharLos diputados dieron un importante paso para acabar con la alcahuetearía de los ticos que nacieron aquí o se nacionalizaron, y cometen delitos fuera de Costa Rica pero se vienen a esconder al país para evadir la justicia.
Los legisladores aprobaron, en primer debate, una reforma al artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de costarricenses que estén acusados por terrorismo o narcotráfico, en caso de que sean requeridos por autoridades de otros países.
Actualmente no se permite la extradición de ticos, por lo que a muchos les queda muy cómodo cometer delitos en otras naciones y venir a refugiarse aquí porque saben que no los enviarán al país donde los requiere la justicia
Este trámite es la primera de cinco votaciones necesarias para que se dé el cambio en la Constitución. En este primer debate los 39 legisladores presentes en el plenario votaron a favor.
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El siguiente paso es enviar una consulta de la Sala Constitucional para determinar si la iniciativa tiene algún vicio de inscontitucionalidad.
Todavía se necesita de un segundo debate en el plenario, en esta primera legislatura, que obligatoriamente requiere el apoyo de al menos 38 congresistas.
Esa segunda votación tendrá lugar después de que la Sala Constitucional emita un criterio sobre la iniciativa, si el pronunciamiento es positivo.
Luego, el Poder Ejecutivo debe incluir una referencia a la modificación constitucional en el informe anual del estado que se da cada 1 de mayo. Finalmente, los diputados deben discutir el proyecto en tres debates, en días distintos, en el plenario del Congreso.
“Si fuere aprobado por dos tercios de votos del total de los diputados, entrará a formar parte de la Constitución Política, lo que se comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia”, explica el Reglamento legislativo.
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La iniciativa lleva la firma de la diputada oficialista Pilar Cisneros y los otros miembros de esa bancada, incluyendo a Luz Mary Alpízar, presidenta de Progreso Social Democrático (PPSD), y a la ahora independiente María Marta Padilla.
Antes de la aprobación, la independiente Gloria Navas Montero declaró que está de acuerdo con la reforma aprobada, pero apuntó que es fundamental conocer el criterio de los magistrados constitucionales, sobre todo para aclarar si se estaría modificando una disminución de los derechos fundamentales de los costarricenses.
“La no extradición de costarricenses es un derecho fundamental, no es cualquier derecho”, expresó Navas, quien luego dijo que la consulta es vital para aclarar si hay un quebranto de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), explicó que él cambió su criterio, pues en principio pensaba que la no extradición de costarricenses era un derecho fundamental.
“No existe un derecho a la no extradición y eso queda claro de la lectura de las actas de la Asamblea Constituyente. Esa norma se estableció así para impedir la expulsión o exilio de costarricenses por motivos políticos o de otro tipo”, indicó Feinzaig.
