El oficial de cumplimiento del fideicomiso Costa Rica Próspera llegó a comparecer a la Asamblea Legislativa y dejó a los diputados con la boca abierta porque reveló una información que deja grandes dudas sobre la transparencia de la campaña que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia.

Eugenio Vargas Ramírez, quien supervisó el fideicomiso por parte de la empresa fiduciaria Ata Trust Company S.A., llegó este miércoles en la noche al Congreso y aunque aseguró que todas las platas que entraron fueron revisadas por él y puede dar fe de que son dineros limpios, resulta que los datos de los donadores que entregó a la comisión legislativa, no coinciden con los que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), algo muy grave.

Vargas aseguró que el fideicomiso recibió $165.250 (unos ¢88 millones) y ¢2,8 millones; sin embargo, el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, dijo que en los datos reportados por el TSE se registran $149 mil (unos ¢79 millones) y ¢22 millones, es decir, la diferencia entre ambos reportes es millonaria, lo que causa gran desconfianza y enciende las alertas.

Uno de los nombres que está en la lista del TSE y no en la que presentó Vargas, es el del presidente Rodrigo Chaves, por un monto de $1.500 (unos 800 mil colones).

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Para el diputado Robles, quien fue el que se dio cuenta de las inconsistencias, es preocupante que haya dos listas distintas y aseguró que debe investigarse a fondo el tema.

Francisco Nicolás, de Liberación Nacional, se unió a la preocupación del frenteamplista.

Más datos que preocupan

Además, sobre la lista dada por el oficial de cumplimiento, el diputado Robles señaló que en el reporte dado al TSE hay nombres que no mencionó, tanto de personas físicas, como jurídicas.

Vargas confirmó que hubo donaciones de extranjeros, como la del alemán Friedrich Hey y de personas jurídicas como Galería 3.000 S.A. y Península Group, lo que genera gran preocupación porque el Código Electoral impide la donación de extranjeros y personas jurídicas a las campañas políticas.

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La diputada oficialista, Ada Acuña, le restó importancia a las acusaciones y dijo que no veía nada grave.

“Los montos finales son relativamente casi los mismos, la diferencia básicamente es en dólares y en colones sube, entonces a mí no me parece que haya mayor diferencia en lo que se está planteando”, manifestó Acuña.

Ante los señalamientos, Vargas se defendió y, aunque no puedo dar una explicación certera y definitiva del porqué la diferencia en los datos, aseguró que él hizo bien su trabajo.

“En resumen y de forma más general, la labor principal de un oficial de cumplimiento es asegurar que el origen de los fondos provenga de fuentes lícitas, para que no puedan ser utilizados como lavado de dinero”, mencionó el compareciente.

“Mi involucramiento lo fue solo para revisar y confirmar que las personas pudieran demostrar el origen lícito y no se encontró ninguna irregularidad”, añadió.

Sobre la administración de los recursos y demás respecto al fideicomiso, Vargas Ramírez aseguró no tener injerencia y no saber detalles al respecto.