La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso de amparo interpuesto por la periodista Vilma Ibarra, directora del Programa Hablando Claro, en contra del Ministerio de Comunicación del presente Gobierno.
“Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en cuanto a la falta de respuesta al oficio planteado por la amparada el 14 de julio de 2022.
En consecuencia, se ordena a Patricia Navarro Molina y Armando Gómez Ordoñez, por su orden ministra de Comunicación y director de prensa de la Presidencia de la República, o a quienes en su lugar ejerzan dichos cargos, que adopten las medidas adecuadas y necesarias para que, en el plazo máximo de cinco días contados a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde respuesta a la gestión planteada por la amparada el 14 de julio de 2022″, dice la resolución.
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Según indicó Ibarra en el recurso presentado, entre el 8 y 9 de julio del 2022, recibió llamadas de cinco funcionarios públicos que se desempeñan en puestos de jerarquía dentro del Gobierno en las oficinas de comunicación de ministerios e instituciones descentralizadas; para manifestarle que se encontraban alarmadas por un comunicado que la ministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, les remitió por WhatsApp, a todos los ministros y presidentes ejecutivos del Gobierno en el que les instruía a todos suspender, con carácter de urgencia, todo tipo de publicidad estatal a los medios “Amelia Rueda, La Nación, CRHoy y Canal 7.
Asimismo, que en ese comunicado se les instaba “con carácter de urgencia a no participar en entrevistas en Hablando Claro y Amelia Rueda.
Ante esta información y con el fin de verificar su veracidad, el 9 de julio se comunicó con la exministra Navarro por WhatsApp para pedirle confirmar o negar dicha comunicación, pero le respondió con evasivas.
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Ibarra asegura que la exministra de comunicación nunca negó haber enviado dichas instrucciones y hasta evitó responder si lo había hecho.
La experimentada periodista incluso dijo que Navarro le advirtió expresamente que no utilizara su comunicación ni diera a conocer en ningún sentido tal conversación, por no tener respuesta de la exministra de comunicación, Ibarra mandó sus consultas a los correos institucionales: comunicacion@presidencia.go.cr y prensasolicitudes@presidencia.go.cr pero tampoco le contestaron.
De ahí la resolución que además condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos que han dado lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.