La Sala Constitucional, encargada de velar por la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, declaró con lugar 15 recursos de amparo presentados por padres de familia contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) por violar el derecho de miles de estudiantes menores de edad y sus familias a través de la aplicación de ciertas preguntas en las pruebas FARO el pasado 12 de noviembre.
De forma unánime, en la sesión de este viernes 17 de diciembre, el Tribunal concluyó que hubo una lesión grave y grotesca al derecho a la intimidad, cobijado en el artículo 24 de la Constitución Política.
Los magistrados concluyeron que la aplicación de las pruebas para obtener datos personales se dio desde una posición de poder y en contra de una población vulnerable. Además, afirmaron que los datos fueron obtenidos a través de una prueba obligatoria, impuesta a personas en proceso de formación que requieren de especial protección del Estado en virtud de lo dispuesto en el numeral 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el ordinal 51 de la Constitución Política.
Por ello se ordena al MEP, por medio del ministro Steven Gonzáñez, dictar las medidas correspondientes para evitar que se repita la acción en el futuro.
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