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Por la crisis que atraviesa la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), los diputados están trabajando en un proyecto de ley para reducir la cantidad de empleados de la institución y poder despedir a unos 900.
Pero para asegurarse que no se lo traigan abajo con un “salacuartazo”, los padres de la patria le preguntaron a los magistrados en relación con los artículos que podrían considerarse inconstitucionales.
Los diputados preguntaron si el mes de plazo para que los trabajadores elijan la forma en la que saldrían de Japdeva, establecida en el transitorio del proyecto, era inconstitucional. Este establece que pasado ese tiempo la institución está obligada a empezar los despidos necesarios para poder salir de la crisis financiera.
Las opciones para los trabajadores de Japdeva son trasladarse a otra institución sin perder la plaza, aceptar el despido con un bono de hasta ocho salarios más las prestaciones o pensionarse antes en el caso de los que sean mayores de 55 años.
Los magistrados no vieron problema en ello, por lo que ahora los legisladores podrán convocar a segundo debate el proyecto, que fue aprobado el 28 de agosto anterior con 38 votos a favor y 12 en contra.
Japdeva tiene cinco años de arrastrar pérdidas, pero con la entrada en operación de APM Terminal la empezó a ver peor.
