La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) asegura que las últimas decisiones del Gobierno en el tema del arroz favorecen a los importadores, benefician al mercado internacional y “podrían destruir la producción de arroz en Costa Rica en momentos de crisis internacional”.

El Gobierno de la República anunció este miércoles 6 de julio una serie de medidas para reducir el precio del arroz, mismas que estarán basadas en la rebaja de aranceles a la importación, pasando de un 36% a un 5% en el arroz pilado y un 4.5% para el arroz en granza.

Además, el presidente Rodrigo Chaves comunicó que los productores medianos y pequeños tendrán garantizado su arroz a través del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), algo que para Conarroz no es positivo, porque el PAI “a través de los años ha demostrado no ser un programa eficiente en gestionar la entrega y el pago a tiempo a sus proveedores, acumulando grandes deudas”, dijeron en la corporación.

“Se debe entender que los aranceles de protección se establecieron como trato de Nación Más Favorecida (NMF) dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), surgió a mediados de los años noventa como una protección a la actividades costarricense como la arrocera, por tratarse de un sector sensible que debe competir con grandes países productores que cuentan con muchos subsidios y apoyos internos, mismos que eventualmente tienen la capacidad de afectar el mercado e inundar de arroz a Costa Rica con importaciones masivas de grano”, reconoce Conarroz.

El gremio arrocero nacional considera que las afectaciones de los mercados internacionales imponen la necesidad de este tipo de aranceles, puesto que es vital para sectores sensibles de la economía.

“En Costa Rica también lo tienen el sector de embutidos que cuenta con el 150%, el sector avícola con 150%, el sector azucarero con 45%, el sector lácteo con 65%, el sector hortícola con 45%, el sector porcino con un 45% así como el sector arrocero con un 35%”.

Inseguridad para los productores

“Con respecto a la solución que presenta la Presidencia de la República (la compra del arroz por parte del PAI) también surge la duda de la cantidad de arroz que compra anualmente este programa, que rondaría aproximadamente el equivalente a unas 6.000 hectáreas, que correspondería únicamente al 17% del área sembrada en un año, dejando por fuera el restante 83% de terreno cultivado”, confirma Conarroz.

Estas medidas que pretende el Ejecutivo, provocarán, reafirma la corporación, un daño irreversible, haciendo que en un corto tiempo desaparezcan la producción e industrialización de la granza.

“Además, atenta contra los encadenamientos productivos y más de 33.000 empleos asociados con esta actividad en 27 cantones arroceros de todo el país. Poniendo en riesgo las fuentes de empleo actuales y sin opciones reales de otras actividades ni de cómo hacer frente a perder años de inversión en equipo especializado”, concluye Conarroz.