EscucharRodrigo Chaves y Kennly Garza, presidenta del PANI, dieron a conocer una investigación que se está llevando a cabo en la institución por un delicado tema que le para el pelo a cualquiera.
El proceso arrancó en el 2023 y está en manos de la Fiscalía; los sospechosos ya descuentan medidas cautelares.
La presidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) contó que descubrieron que algo andaba aparentemente mal cuando revisaron 50 expedientes de niños dados en custodia.
También el presidente de la República, Rodrigo Chaves, se refirió al delicado tema.
“Ante el menor aroma lejano de que se puedan utilizar niños como un objeto mercantilista para comerciar con la paternidad y maternidad, este Gobierno y este PANI van a tomar las acciones que le permita la ley para evitarlo, investigarlo, prevenirlo y si ocurre, castigarlo”, dijo el mandatario.
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Garza fue clara en decir que los sospechosos habrían incumplido los procedimiento establecidos en la entidad.
“Empezamos a advertir que habiendo procedimientos demarcados por la ley y la legalidad para menores de edad, se empieza a identificar que algo no está bien, no está sucediendo de forma correcta, pudieran estarse saltando procedimientos y haciéndose presumibles ubicaciones irregulares de menores de edad bajo el argumento de protegerlas”, dijo García haciendo con las manos el señal de comillas al final de la última frase”, dijo la jerarca.
Chaves aportó más información: “De un momento a otro, y muy rápido, y sin seguir el protocolo, el PANI le estaba dando la custodia de niños a familia y usted dijo: ‘esto está raro’”.
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“Hay que arrancar de raíz y no generar que prosperen estas malas prácticas, ya colocamos la denuncia a nivel judicial y también nuestro procedimiento administrativo en el transcurrir de una investigación en la que, por supuesto, no queremos interferir”, respondió la presidenta del PANI.
Las autoridades informaron que las medidas cautelares contra los siete funcionarios sospechosos fueron dictadas durante julio y ordenan la suspensión de labores a trabajadores sociales, abogados, psicólogos y un coordinador que laboran en diferentes partes del país. Estas medidas son parte de la investigación preliminar y son prorrogables.
