EscucharEl presidente Rodrigo Chaves no sale de una bronca cuando ya está metido en otra.
Resulta que ahora fue denunciado por 20 diputados que consideran que, presuntamente, cometió varios delitos.
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Los legisladores Francisco Nicolás, Danny Vargas, Alejandra Larios, Luis Fernando Mendoza, Pedro Rojas, Katherine Moreira, Dinorah Barquero, Óscar Izquierdo, Sonia Rojas, Geison Valverde, Liberación Nacional; Kattia Cambronero, del Liberal Progresista; Ariel Robles, Jonathan Acuña, Priscilla Vindas, Rocío Alfaro, Sofía Guillén, Antonio Ortega, del Frente Amplio; Vanessa Castro; y las independientes Gloria Navas y María Marta Padilla, presentaron un documento en la Fiscalía, directamente ante el fiscal general, Carlo Díaz.
En este explican que Chaves, presuntamente, ha cometido delitos de instigación pública y propaganda contra el orden constitucional, así como dificultar la acción de la autoridad y faltar el respeto a la autoridad.
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La denuncia enumera artículos de la Constitución Política y del Código Penal que, según los legisladores, habrían sido violentados por el mandatario durante la conferencia de prensa en que atacó las acciones del Ministerio Público debido a la investigación del caso Barrenador, en el que detuvieron a Marta Esquivel, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social.
En ese caso se investiga un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la adjudicación de 138 Ebáis.
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Los diputados señalan que Rodrigo Chaves habría incurrido en el delito de instigación pública, el cual se comete cuando una persona instiga a otra a cometer un delito determinando que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca.
También habría hecho propaganda contra el orden constitucional, que ocurre cuando una persona hace propaganda para sustituir, por medios inconstitucionales, los organismos creados por la Constitución o para derogar los principios fundamentales que ella consagra.
Además, la denuncia también detalla violaciones a los artículos 311, 312 y 396.
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El 311 describe el delito de intimidación o fuerza contra un funcionario público para imponerle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.
El 312 es el de resistencia a la autoridad, cuando se emplea intimidación contra un funcionario público para impedir u obstaculizar la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones.
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Y el 396 se refiere a quienes dificultan la acción de la autoridad o falten el respeto a la autoridad.
“En la conferencia de prensa realizada el día 25 de setiembre de 2024, el señor presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en compañía de sus ministros y legisladores de su fracción (...), expresó una serie de afirmaciones que, además de violentar la independencia de poderes, garantizada en nuestra Constitución Política, procuró interferir en las actuaciones de la Fiscalía General, de la Policía Judicial y de órdenes de un juez de la República. En suma, podrían irrespetar, bajo conocimiento, el régimen jurídico, constitucional y ordinario de la nación”, denunciaron los legisladores.
La denuncia es promovida por Francisco Nicolás, del PLN, quien asegura que Chaves realizó declaraciones contrarias al juramento constitucional que prometió respetar, porque pudieron ser dirigidas para desestabilizar el orden público y el régimen constitucional.
