EscucharRodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, acaba de sumar una nueva investigación en su contra, esta vez por el decreto que emitió a finales de la semana pasada, en el que le da nuevos poderes a la Unidad Especial de Intervención (UEI).
Según confirmó el Ministerio Público, tras una consulta de La Teja, se “recibió una denuncia contra el presidente Chaves Robles" por el decreto de la UEI.
La investigación se está tramitando bajo el expediente 24-000104-0033-PE y se le investiga por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
En el caso de abuso de autoridad se castiga con penas de tres meses hasta dos años de prisión, mientras que el prevaricato estipula una pena de dos a seis años de prisión.
Como es una investigación en curso, no se pueden revelar más detalles.
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Nos pusimos en contacto con el departamento de prensa de Casa Presidencial para saber si el mandatario está al tanto de la causa en su contra y obtener una reacción, pero se limitaron a decir que están “realizando las gestiones necesarias para la recopilación de la información".
Larga lista de denuncias
Con esta denuncia se suman un total de 60 causas abiertas contra el presidente Chaves, según confirmó el Ministerio Público. Siete de ellas están para desestimarse en la Sala III.
La mayoría de procesos son por incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, nombramientos ilegales, abuso de autoridad, influencia contra la Hacienda Pública y delitos electorales.
Quizás, los casos de supuesta corrupción más sonados en los que está involucrado Chaves son el “Caso Barrenador”, que salpicó a la Caja Costarricense de Seguro Social y las supuestas estructuras paralelas de financiamiento para su campaña electoral.
El decreto
En cuanto al decreto lo que hizo fue darle funciones a la UEI que son similares a las del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre ellas están: realizar investigaciones, recolectar datos, participar en operativos de narcotráfico, terrorismo y hasta operaciones encubiertas.
Además, se les permite realizar allanamientos, rescatar rehenes, desactivar explosivos y más, todo bajo el orden y mandato directo del presidente Chaves.
Este decreto no cayó para nada bien entre los diputados y el Poder Judicial, ya que pasa muy cerca de la línea que divide los tres poderes de la República y muchos consideran que sería concentrar demasiado poder en Rodrigo Chaves.
Además de que, pues claro, va a generar conflictos institucionales con el Poder Judicial.
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Este jueves 28 de noviembre, la Sala Constitucional, conocida popularmente como Sala IV, anunció que acogieron el recurso de amparo presentado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), contra el decreto.
El recurso de amparo es por “potenciales abusos de autoridad”.
A partir de este momento, el presidente y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, tienen tres días hábiles para presentar un informe que responda al recurso de amparo.
