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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, debería de aprender una lección de algo que hizo su antecesor Carlos Alvarado.
En 2020, cuando Alvarado era presidente, por primera vez en la historia del país, la Fiscalía allanó Casa Presidencial como parte de una investigación sobre una unidad de análisis de datos, creada por Presidencia, que pudo tener acceso a información confidencial de los costarricenses. Se trataba de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
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Aunque el expresidente Alvarado no es santo de la devoción de muchos, no hay que ser mezquinos y se debe reconocer que cuando le explotó el escándalo de la UPAD y le allanaron Casa Presidencial, nunca criticó a la Fiscalía y, más bien, se puso a las órdenes de las autoridades judiciales.
Algo muy distinto es lo que estamos viendo ahora con el tema de la investigación contra funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre ellos, la presidenta de la institución, Marta Esquivel, quien fue detenida el lunes pasado por un supuesto chanchullo en la adjudicación de 138 ebáis.
A raíz de esto, Rodrigo Chaves y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, han vociferado contra la Fiscalía y han dicho que las acciones del ministerio público son inaceptables, y denotan abuso de poder, por decir lo más suavecito que han mencionado.
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Los presidentes siempre deben dar el ejemplo
El politólogo Sergio Araya dice que los mandatarios siempre están llamados a colaborar en este tipo de causas.
“Este tipo de acciones como allanamientos y detenciones no son nada nuevo, son parte de la dinámica que puede existir en un Estado de derecho cuando hay presunción de que pueden darse situaciones anómalas en la comisión potencial de delitos, y es obligación de instancias, como la Fiscalía y el OIJ, cumplir con el debido proceso y llegar al esclarecimiento de la verdad.
“En el Gobierno de Carlos Alvarado se dieron varios hechos de estos; particularmente, uno muy sensible fue el relacionado con el tema de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), en el 2020, que inclusive se convirtió en uno de los escándalos más importantes de esa administración; de hecho, la computadora del presidente en su momento fue incautada.
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“El presidente Alvarado fue sometido a una comisión investigadora de Asamblea Legislativa. De parte suya se tuvieron declaraciones que indicaban que no había cometido nada ilícito, pero siempre estuvo presto y dispuesto a brindar el apoyo para que desarrollara el debido proceso”, manifestó el politólogo.
Araya dice que aunque el tema de la Caja fue abordado de forma diferente en cuanto a que la presidenta de la Caja fue arrestada y llevada en perrera desde Pérez Zeledón hacia San José, desde la perspectiva de la institucionalidad y de la investidura de los actores, no se justifica hacer un discurso violento, confrontativo, que puede más bien generar más tensión e incitar a la violencia.
“Hay que tener en cuenta que la investidura presidencial, indistintamente de quien la ejerza, tiene ciertas atribuciones y ciertos márgenes de maniobrabilidad que no deben ser traspasados, porque se pueden generar situaciones no deseadas que impliquen el escalamiento de un clima de tensión política”, agregó el experto.
