El diputado liberacionista y presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, asegura sentirse muy preocupado por el atraso que han tenido los 10 proyectos de ley en materia de seguridad que más urgen en este momento.

Arias dice que desgraciadamente Costa Rica se ha convertido en un paraíso narco y por eso urge tomar acciones para recuperar la paz.

Hace unas semanas se anunció con bombos y platillos que los tres poderes de la República: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, habían logrado ponerse de acuerdo para sacar adelante 10 iniciativas que meterán el hombro a las autoridades para hacer frente a la lucha contra el narco.

Se esperaba que los proyectos fueran aprobados de forma rápida, pero algunos partidos han presentado mociones y eso ha atrasados los procesos.

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Rodrigo Arias hizo un llamado este jueves a sus compañeros legisladores para que se pongan la camiseta y no atrasen más la aprobación de los proyectos.

El presidente legislativo dice que sabe que los diputados tienen una buena intención de mejorar las iniciativas, pero dice que ahora la prioridad es aprobarlas y eso debe mantenerlos enfocados.

“Estas 10 leyes son para darle instrumentos a las fuerzas de seguridad, el OIJ, la Fiscalía, a Seguridad Pública, pero son cosas que no van a arreglar el problema”, expresó Arias.

Terrible realidad

El presidente legislativo dice que muchas de las leyes actuales se crearon hace 40 años, cuando el país vivía una realidad distinta, mucho más tranquila, por eso están desactualizadas.

“Costa Rica desgraciadamente se convirtió en un paraíso para el narcotráfico, se convirtió en un paraíso porque somos un país en el centro de América, podemos exportar fácilmente, no tenemos ejército, no tenemos regulación de los capitales de los narcotraficantes, no tenemos ley de extradición.

“Tenemos un sistema de exportaciones a todo el mundo que es muy fácil para el narcotráfico exportar, los controles aduaneros hasta ahora los estamos empezando a establecer con los escáneres, necesitamos tener escáneres en todos los puertos, entonces yo creo que esa conciencia hay que irla introduciendo y que las cosas hay que verlas con una dimensión diferente”, argumentó el legislador.

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El presidente legislativo dijo también que urge un cambio en la Constitución Política para que se permita la extradición de ticos que se metan en broncas narcos.

“Aquí hay una norma que dice que ningún costarricense puede ser extraditado, pero yo creo que en este momento, ante la emergencia que tenemos, yo por lo menos estoy convencidísimo y así lo voy a votar, a favor de la reforma constitucional para aprobar la extradición de costarricenses que estén vinculados al narcotráfico, no hay cosa que el narcotráfico tema más que la extradición”, aseguró Arias.

Los proyectos

Los diez proyectos a los que se refiere Rodrigo Arias son:

- Una reforma para impedir la naturalización a extranjeros condenados con penas de prisión de más de tres años en los últimos diez, sea en Costa Rica o en el extranjero.

- Un plan que permitiría al Estado disponer de bienes decomisados a sospechosos de narcotráfico y que las personas no puedan justificar, mientras se espera una sentencia.

- Ampliar a diez o más años el periodo en el que la hoja de delincuencia muestre las condenas recibidas por cada ciudadano, el tiempo contaría a partir de la finalización de la pena.

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- Aumentar las penas para quienes se dedican a los préstamos gota a gota.

- Ampliar la lista de delitos en los que el Poder Judicial puede efectuar intervenciones telefónicas, además de establecer un plazo para que los jueces resuelvan las solicitudes.

- Endurecimiento de condenas por la tenencia y uso de armas ilegales.

- Reforma para modificar el otorgamiento de tobilleras electrónicas.

- Un proyecto que ampliaría el margen para que los jueces puedan dictar prisión preventiva a sospechosos de delitos.

- Una iniciativa para endurecer las penas a los adultos que recluten menores de edad en la delincuencia.

- Una reforma para ampliar los procesos judiciales contra los menores de edad. Actualmente, el plazo para formular una acusación y solicitar el internamiento de un menor es de 24 horas, lo cual, en algunos casos relacionados con crimen organizado, se hace un período insuficiente.