EscucharRiteve le presentó al país un reclamo por 30 millones de dólares, un poco más de 20 mil millones de colones, que tiene que ver con ajustes de tarifas que según la empresa no se le hicieron a los años 2007, 2008 y 2009.
Nos confirma Riteve que es totalmente cierto que interpusieron el reclamo ante el Centro Internacional de Coalición y Arbitraje (CICA).
“Efectivamente, dado que se acerca la fecha del fin de contrato debemos dejar resueltos todos los temas relacionados con lo que establece. Entre ellos se encuentra este requerimiento arbitral. Dado que justamente se encuentra en proceso de resolverse vamos a esperar el laudo para poder referirnos con mayores detalles”, confirma Jennifer Hidalgo, directora de comunicación de Riteve.
La noticia fue dada este 8 de julio por el propio ministro de Obras Públicas y Transportes (Mopt), Luis Amador Jiménez, en una conferencia de prensa en la cual se mostró bien chiva porque Riteve reclama ante el CICA justo antitos del vencimiento de su contrato con el país (el próximo 15 de julio a las 4 de la tarde).
De inmediato el ministro Amador reconoció que este reclamo bien puede atrasar todo el proceso de cambio y nueva contratación de la empresa que estará dándole al país el servicio de la revisión técnica vehicular, servicio que Riteve le dio al país por 20 años.
Fue la Procuraduría General de la República, el pasado 5 de julio, la que le informó al Mopt que había caído la demanda de Riteve.
“La Procuraduría lo recibió el 20 de junio del 2022. Reclaman un arbitraje por desequilibrio financiero, que no recibieron todo lo que esperaban en el 2007, 2008, 2009. ¿Hasta ahora se acuerdan de ese desequilibrio 13 años después?
“Hay un (trámite) contencioso que ya se había llevado a cabo y que había sido negativo para ellos, entonces no estoy muy seguro de qué es lo que ellos pretenden con esto”, dijo el ministro en la conferencia.
Cuando sean las 4 de la tarde del próximo 15 de julio, Riteve le entregará al país las estaciones y los equipos con los cuales realizó la revisión técnica por 20 años y esta revisión pasará a manos del Estado, iniciándose así un nuevo proceso para encontrar una nueva empresa que se haga cargo.
