El comisionado presidencial pro derechos de las personas LGTBI, Luis Eduardo Salazar, renunció a su cargo de asesor legal tras el allanamiento que realizó la Fiscalía general a Casa Presidencial por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Salazar figura como uno de los investigados por la Fiscalía en el caso de la UPAD, junto al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, el viceministro de planificación, Daniel Soto Castro, así como los analistas de datos Alejandro Madrigal Villalobos, Andrés Villalobos Villalobos, Diego Fernández Montero y la jefa del despacho del presidente, Felly Salas Hernández.
"Mi conciencia me dicta que lo correcto es dar hoy un paso al lado, teniendo la plena convicción de que mi trabajo fue asumido con la mayor vocación de servicio a mi país y habiendo entregado lo mejor de mí.
La Presidencia de la República recibe la renuncia del asesor legal Luis Salazar Muñoz y acepta su solicitud para continuar con sus funciones, de forma ad honorem, como Comisionado Presidencial para asuntos de la población LGBTIQ. pic.twitter.com/4nxz9wnq42
— Casa Presidencial 🇨🇷 (@presidenciacr) February 28, 2020
“Con un sentido de responsabilidad, le solicito su venia para concluir, de forma ad honorem, mi función como comisionado presidencial para asuntos de la población LGBTIQ+, con el fin de culminar procesos necesarios para la adecuada implementación del matrimonio civil igualitario”, dice la carta de renuncia que se dio a conocer a las 5:44 p. m.
Salazar fue uno de los que ayudó a elaborar el polémico decreto de creación de la UPAD, cuyo artículo 7 ha sido duramente cuestionado, pues viola la Constitución Política, al permitir a Casa Presidencial tener acceso a datos confidenciales de todos los costarricenses y por lo que la mañana de este viernes se allanó por primera vez en la historia la Casa Presidencial.