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La madre de un joven con discapacidad denunció que su hijo fue agredido en el colegio al que asiste y, aparentemente, el personal del centro educativo no actuó como debía.
Por eso, la señora acudió a la Sala IV, para presentar un recurso de amparo. La señora contó que su hijo estudia en el Colegio de Bagaces, en Guanacaste, y que este tiene el carnet del Conapdis, el cual acredita su condición de discapacidad.
La madre relató que el alumno fue agredido en dos ocasiones: “la primera vez le pegaron, lo hicieron comer a la fuerza del piso y le gritaron: ‘coma como un perro’, pero según los profesores, ellos no vieron nada”.
La segunda vez fue el 25 de junio anterior, cuando lo agredieron, cuando lo metieron dentro de un basurero, se burlaron de él y lo grabaron, pero nadie vio nada tampoco.
La señora afirmó que en el centro educativo le dijeron que no saben quién grabó el video, ni la llamaron para informarle sobre lo que le había pasado a su hijo.
Debido a estas agresiones, su hijo ha retrocedido en las condiciones de su estado emocional y mental, por lo que ahora es atendido con mayor frecuencia por profesionales de sicología y siquiatría.
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Temor
El estudiante tiene mucho miedo de volver al colegio y su mamá lamentó que pese a que el servicio de sicología de la Caja le envió una nota al colegio para que le brinden el material necesario para que estudie en la casa, no le han ayudado.
Otro hecho que denunció la mamá fue, que el video de la segunda agresión se lo hicieron llegar una semana después de los hechos, pero este ya circulaba en redes sociales.
“Se declara parcialmente con lugar el recurso, en cuanto a la falta de intervención de la docente denunciante en la situación ocurrida el 25 de junio del 2024, la no comunicación inmediata a la persona encargada del menor luego de acontecido el hecho y la omisión de las autoridades del MEP de procurar la continuidad del proceso educativo del menor, una vez que conocieron que él no quería regresar al colegio.
La Sala le ordenó a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, y a la directora del Liceo de Bagaces, Johanna Ampié, que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de la sentencia, se instruya al personal docente y administrativo que cuando observen alguna situación de agresión o bullying entre estudiantes menores de edad, deben intervenir y prestar la colaboración necesaria con independencia de que se encuentren llevando a cabo otras funciones.
Además, tienen diez días hábiles contados a partir de la notificación de este asunto para que evalúen la situación del menor y si se determina algún rezago o afectación en su aprendizaje, se tomen las medidas necesarias para garantizar su nivelación en este curso lectivo.
