EscucharEl presidente de la República, Rodrigo Chaves, presentó este miércoles un proyecto de ley que busca llevar a cabo el referéndum que había anunciado y con el que pretende cambiar detalles delicadísimos de la ley, que podrían representar un gran peligro.
El mandatario había anunciado el 2 de mayo que apoyaba un referéndum en el que se consultaba a la población sobre temas polémicos como: las jornadas 4x3; armonización del mercado eléctrico, eliminar desconcentraciones máximas de los cinco consejos del MOPT de varios órganos del Minae y el MAG.
Así como la construcción de Ciudad Gobierno, la ley para la construcción de la marina en Limón, eliminar las tarifas mínimas en colegios profesionales y la venta del BCR y de BICSA; sin embargo, tuvo que echar para atrás con la mayoría de esas ideas porque un grupo de abogados expertos que consultó le hicieron ver que lo que él quería no podía ser.
De todas formas decidió avanzar con la idea del referéndum, pero ahora desde otra línea. Plantea reformas en tres direcciones peligrosas: las potestades de la Contraloría General de la República; la Ley Orgánica de Japdeva y la Ley General de Contratación Pública.
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En cuando a la Contraloría, los cambios que propone son realmente preocupantes. El mandatario asegura que pretende “fortalecer” a la Contraloría porque se le han escapado un montón de “elefantes”, haciendo alusión a casos de corrupción del pasado y con la reforma eso cambiaría.
Sin embargo, con los cambios que propone se le impediría a la Contraloría revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de que estos sean ejecutados; solo se le permitiría actuar ya después de que se concreten.
Además, se le quitaría a la institución la potestad de suspender los contratos del Estado cuando detecte irregularidades o ilegalidades. La propuesta de Chaves es que los procesos solo puedan suspenderse por medio de una orden judicial.
Contraloría estaría de adorno si se aprueba el referéndum
Otra de las modificaciones es que la Contraloría “no podría sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión”, es decir, no podría interferir ni frenar procesos irregulares del Gobierno.
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En el artículo 11 de la Ley de la Contraloría, donde se detalla el objetivo del control y la fiscalización sobre la Hacienda Pública, el proyecto haría un gran cambio.
Hoy, el artículo establece, en primer lugar, el fin de garantizar la legalidad en el manejo de los fondos públicos y, segundo, la eficiencia de los controles internos. Con la propuesta, se priorizaría la eficiencia de los controles internos y, luego, la legalidad en el manejo de los fondos públicos.
En cuanto a la Ley General de Contratación Pública, la propuesta presenta una modificación para poder contratar al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sin concurso público, para el desarrollo del famoso proyecto del Poder Ejecutivo llamado: Ciudad Gobierno, algo que ahorita no se puede hacer porque la ley actual no permite hacer contrataciones a dedo.
Por último, con el tema de Japdeva, la iniciativa pretende un cambio en la Ley Orgánica de la institución que la habilitaría para que pueda incluir bienes inmuebles propiedad del Estado o bajo su administración en alianzas con otras entidades públicas o privadas, para desarrollar obras.
Con esto pretende abrir el portillo para la construcción de la Marina de Limón, según los planes del Gobierno y no como lo establece actualmente la ley, que debe ser por medio de una licitación pública.
Plan b de Rodrigo Chaves
Al presentar el proyecto, Chaves pidió apoyo a los diputados y se dejó decir que quienes no apoyen del referéndum no buscan lo mejor para el país.
Para ir a referéndum se necesitan, al menos, 29 votos de diputados, el mandatario sabe bien que costará reunir tantos votos, sobre todo por que cada vez que puede arma un pleito con los legisladores, por lo que la relación con ellos está muy deteriorada.
Debido a eso Chaves tiene un plan b y fue enviar al esposo de Pilar Cisneros, Édgar Espinoza, a iniciar el trámite del referéndum al Tribunal Supremo de Elecciones por medio de la iniciativa popular, así, si no se puede por la Asamblea Legislativa, lo intentaría por medio de la recolección de 180 mil firmas, algo que tampoco es sencillo.
De momento los únicos votos fijos que tiene Chaves en el Congreso son los de sus diputados porque las fracciones del Frente Amplio, Liberación Nacional, Liberal Progresista, Unidad Social Cristiana y Nueva República, dijeron que están analizando el proyecto de ley para saber si lo apoyan o no.
