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La organización Costa Rica Íntegra (CRI) mostró su preocupación por la vulnerabilidad que correría el país si se aprueba la llamada “ley jaguar”, proyecto con el que el gobierno de Rodrigo Chaves busca realizar un referéndum.
Costa Rica Íntegra (CRÍ) es una organización creada en el 2012 y que trabaja para promover la lucha contra la corrupción.
Este martes, publicaron un comunicado en su sitio web, a través del cual mostraron su preocupación por la vulnerabilidad que correría el país si se llega a aprobar este plan del gobierno, pues, en criterio del organismo, expondría al país a mayores riesgos de corrupción, dado que el objetivo es eliminar los controles de la Contraloría General de la República (CGR).
“La fiscalización a posteriori que postula la ‘ley jaguar’ limita la actuación de la CGR a revisiones después de que las decisiones administrativas hayan sido tomadas y ejecutadas, una acción de autopsia forense frente a hechos consumados. Esta limitación debilita la capacidad de la CGR para prevenir irregularidades y actos de corrupción antes de que ocurran.
“La falta de controles preventivos reduce la posibilidad de detectar y corregir errores o actos ilícitos en etapas tempranas, lo que puede resultar en la malversación de fondos públicos y otros actos de corrupción que podrían haber sido evitados”, citó la organización.
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En el documento, CRI señala que la “ley jaguar” podría aumentar los riesgos de corrupción al permitir alquileres de hasta 30 años sin los procedimientos estrictos necesarios.
“Las instituciones contraloras son parte de un diseño constitucional de pesos y contrapesos para salvaguardar la hacienda pública y el bien común. Los constituyentes valoraron que ‘se hace indispensable garantizar que esas instituciones no se convertirán en fácil pasto de la política y de las maniobras del Ejecutivo’.
“La CGR es un control efectivo de los fondos públicos, con áreas de mejora, pero su debilitamiento no contribuye en nada al desarrollo nacional”, agrega el texto.
