EscucharLa Contraloría General de la República tomó una importante decisión sobre la polémica ley jaguar que el Gobierno quiere llevar a referéndum y la dio a conocer este viernes.
La institución presentó una consulta sobre dicha ley ante la Sala Constitucional para saber si la iniciativa presentada por Rodrigo Chaves tiene vicios de constitucionalidad.
Lo que la Contraloría pretende es que se analice la constitucionalidad de las reformas propuestas y se advierta de los graves vicios que imposibilitan que sea sometida a referéndum. Esto porque a criterio de la institución, reduce el sistema de fiscalización a su mínima expresión, violenta principios, derechos y jurisprudencia constitucional.
La contralora Marta Acosta ya ha dicho en varias ocasiones que la ley jaguar pretender que la Contraloría quede pintada en la pared, ya que le limita sus potestades y le imposibilita actuar de forma previa a que se ejecuten obras si se llega a detectar alguna irregularidad.
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“Las reformas a la ley que rige la Contraloría propuestas no solo violentan la independencia de la institución sino que son contrarias a las funciones que le han sido asignadas constitucionalmente. Además, deterioran la calidad de los insumos que la Contraloría brinda a la Asamblea Legislativa en su rol auxiliar, para ejercer el control político, y desconocen la jurisprudencia de la Sala Constitucional según la cual las competencias de control y fiscalización del órgano contralor pueden ser fortalecidas o mejoradas, pero nunca rebajadas, disminuidas o suprimidas (sentencia 998-98)”, informó la Contraloría.
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“El proyecto de ley afecta el diseño constitucional de la Contraloría, comprometiendo el núcleo duro de sus competencias, y por ende, el sistema de frenos y contrapesos, así como el modelo de Estado Democrático y Social diseñado en la Constitución Política de 1949. Además, se violan principios constitucionales de eficacia y eficiencia en la función administrativa, transparencia, rendición de cuentas, control político; el derecho fundamental a una buena administración y servicios públicos. También se transgreden los principios de no regresión en las funciones de control de los recursos públicos y de contratación administrativa, y se compromete la garantía de independencia absoluta del Órgano Contralor, ignorando por completo la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional”, agregó.
