La educación en Costa Rica vive su peor crisis de los últimos 40 años y, en vez de solucionarse, la situación se podría agravar aún más si se aprueba una solicitud de recorte al presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP).
A inicios de abril, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, envió una nota a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, en donde le comunica el límite de gasto del presupuesto de la institución. Este recorte sería de 65 mil millones de colones.
Según lo explicado por el ministro Acosta, “este monto toma en consideración la ejecución presupuestaria de la entidad entre 2022, 2023 y la proyección de ejecución del 2024, con el propósito de hacer un uso más eficiente del Presupuesto de la República”. El presupuesto total para el 2025 sería de ¢1.942.055 millones (1,9 billones de colones).
Para Isabel Román, directora del programa del Estado de la Educación, la reducción de recursos no es nuevo, se ha venido dado en los últimos 5 años y afecta directamente a los estudiantes.
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“En este momento ya hay regazos en temas de infraestructura, no se cuenta con Internet de banda ancha, no hay equipamiento para bibliotecas, no se mejoran los programas de apoyo y no se hacen programas de capacitación para docentes.
“Esto trae otros problemas de fondo, como más pobreza, desigualdad, desempleo y, en resumen, el no invertir en educación es negarle el derecho a la educación a los niños y población adolescente. Cuando no hay plazas docentes se imposibilitan a los estudiantes el recibir clases, que los alumnos no tengan recursos en las aulas también les genera problemas para la lectura y escritura y hasta en los sistemas de becas”, comentó.
Para Román, el quitarle dinero a la educación lleva al país en la dirección incorrecta.
“Los problemas en la educación se vienen dando desde el 2018, con huelgas intermitentes y en el 2020 se agravó con la pandemia. En este momento se debería apostar por una mayor inversión en tecnología, en el uso de la Inteligencia artificial como herramientas para mejorar la educación, pero estos y otros planes no se están llevando a cabo.
“Se presentó una ruta de la educación, pero la estamos esperando, en momento de crisis no se pueden tener 40 metas sin desarrollar, es mejor tener 4 y que puedan ser alcanzables”, afirmó.
Con lupa. Kattia Rivera, diputada del PLN, afirmó que la propuesta de reducción del presupuesto se analizará con detalle y se presentarán las objeciones necesarias para no aprobarlo.
“No permitiremos que se maltrate el tema de la educación”, afirmó.
Por otro lado, Ileana Vargas, académica e investigadora en el CIDE (Centro de Investigación y Docencia en Educación), de la Universidad Nacional, recordó que la Constitución Política establece el porcentaje de inversión que se le debe dar a la educación y que eso no se ha cumplido en la administración de Rodrigo Chaves.
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“El presupuesto subió para que se invirtiera el 5% del Producto Interno Bruto en Educación (PIB) en el 2006 y en el 2018 pasó a 7,3 por ciento y se aspiraba a llegar al 8 por ciento, pero no se está haciendo y, para el 2025, la inversión sería del 4,8 por ciento.
“Se quiere sacrificar la inversión en educación, la infraestructura está precarizarada, hay desatención a los comedores escolares y eso evidencia un desinterés para niños y jóvenes, sobre todo los de zonas vulnerables”, recalcó.
Para Vargas, la educación es una inversión y las autoridades la quieren hacer ver como un gasto.
“Esto implica a largo plazo perder a una generación. En las escuelas y colegios vemos cómo no hay insumos para satisfacer las necesidades básicas de los alumnos, los estudiantes no están en las aulas, vemos cómo los jóvenes se están matando y eso aumentará la desigualdad.
“Hoy vemos cómo a las universidades llegan jóvenes con poca habilidad de lectura, con problemas de matemáticas y dominio del idioma inglés y el entorno educativo se vuelve inseguro”, añadió.
La Teja le consultó al ministro Acosta, vía correo electrónico, las razones por las cuales plantea el recorte al presupuesto, cuando la ley dice que debe destinar un porcentaje mayor para cubrir las distintas necesidades de la educación pública. A través de su departamento de prensa respondió lo siguiente:
“La comunicación que se envió al Ministerio de Educación Pública en abril incluye un monto preliminar, aún resta por agregar otros conceptos que se deben considerar y que forman parte del monto definitivo del límite presupuestario asignado para el presupuesto 2025, entre ellos la inclusión de recursos correspondientes a FODESAF y al fondo concursable”.