EscucharEste fin de semana circuló, en redes sociales, una denuncia anónima que apuntaba que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, tenía que pagar de marchamo ¢400.000 menos que el resto de conductores propietarios del mismo modelo de un Toyota Land Cruiser Prado que él posee.
“Carro personal del mandatario Chaves es una Prado y pagará de marchamo 900 mil colones y los ciudadanos comunes que tienen una Prado del mismo modelo tendrán que pagar ¢1.300.000, señor ministro de Hacienda, ¿a qué se debe esa diferencia? Esperamos su respuesta pública”, dice el mensaje que circuló este sábado.
Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado de prensa en el que desmintió que brindaran un trato preferencial en el cobro del marchamo al vehículo particular del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
El jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, explicó que hay 11.125 placas asociadas al modelo Toyota Land Cruiser Prado, agrupados en 31 tipos, según sus características.
El del presidente Chaves, junto con otras 1.226 placas, pertenecen a la clase tributaria en la que más de 400 propietarios presentaron reclamos sobre su valor fiscal. Tras corroborar los datos, se procedió a un reajuste a la baja.
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“Queda demostrado que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, pagará por su marchamo exactamente lo mismo que todos los propietarios de los vehículos con idénticas características. Insto a los dueños que consideren que el valor de su carro es inferior al cálculo de Hacienda para que hagan el reclamo. Si la prueba es contundente, todos los modelos iguales serán rebajados automáticamente por la administración”, dijo el ministro.
A la fecha, ya se autorizaron reducciones en el pago del marchamo a otros 61.806 vehículos.
“Cuando más de 10 reclamos coinciden, la Dirección Nacional de Tributación realiza --de oficio-- una actualización del valor de todos los vehículos con idénticas características”, explicó Acosta.
El jerarca de Hacienda explicó que los valores fiscales de los vehículos se realizan por dos mecanismos:
- A través de un estudio que se realiza cada cinco años. El último se hizo en el 2015. Por la pandemia, la anterior administración no la hizo en 2020, 2021, 2022.
- Por actuación individualizada, cuando los propietarios presentan reclamos ante la Dirección General de Tributación y demuestran que el valor de mercado es inferior.
