EscucharEl narcotráfico está más fuerte que nunca en el país y se teme que se vaya metiendo en las esferas más altas del Estado, ya incluso la diputada Gloria Navas había dicho que de seguir la situación así, podríamos llegar a tener un narcoestado.
También está claro que ya muchos delincuentes han tratado de acercarse a altos funcionarios en un intento por infiltrarse en los Supremos Poderes.
El Frente Amplio informó que los exdiputados de 2018 a 2022 Óscar Cascante y Erwen Masís del PUSC, Eduardo Cruickshank y Mileyde Alvarado del Restauración Nacional y las diputaciones de 2014-2018 Natalia Díaz del Movimiento Libertario, Olivier Ibo Jiménez del PLN, Gerardo Vargas, William Alvarado y Humberto Vargas del PUSC, presuntamente en algún momento de sus legislaturas fueron señalados por mantener reuniones en sus despachos con personajes investigados por sostener ligámenes con el narcotráfico.
“Tenemos una alta participación indebida de diputaciones, viceministros, fiscales y personeros del Gobierno de la República en reuniones o nexos con organizaciones criminales, que, si bien no han sido condenados por participar en estructuras criminales, deben establecerse nuevas tipificaciones para desincentivar y condenar penalmente a quienes utilizando su cargo beneficie de cualquier manera, directa o indirectamente el narcotráfico o sus organizaciones”, aseguró el diputado Ariel Robles.
Por esa razón, la fracción frenteamplista presentó el proyecto para Penalizar a la persona funcionaria pública que beneficie el narcotráfico y el crimen organizado, que propone crear un nuevo delito que permita abrir investigaciones en estos casos y condenar con mayores penas.
La aplicación de la ley se daría en dos direcciones, primero para funcionarios sin rango jerárquico y segundo con el agravante en caso de miembros de Supremos Poderes como el presidente, sus ministros/as, magistraturas o diputaciones, entre otros, debido a su mayor grado de autoridad, poder y responsabilidad.
“La modificación del artículo 52 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, establecería penas de cárcel de tres a cinco años para funcionarios sin rango (hoy de 2 a 5 sin agravantes) en caso condena por tráfico de influencias, eliminando la posibilidad de que se aferren a la ejecución condicional y no vayan a prisión por cometer este acto delictivo.
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“También señala otra pena con agravante, de cinco a diez años, cuando se favorece a personas con condenas previas, indiciadas o en investigación, o si el funcionario/a que incurre en esas acciones favorecedoras es un funcionario en un alto cargo público.
“El nuevo tipo penal permitirá tipificar ‘las acciones de funcionarios públicos tendientes a beneficiar valiéndose de su cargo para llevar a cabo adjudicaciones de contratos del Estado, o permisos de cualquier tipo, así como concesiones, contratos, actos o resoluciones, mismas que tienden a beneficiar de manera directa o indirecta a dichas organizaciones criminales…'”, señala el texto.
