Los vendedores de tiempos no autorizados por la Junta de Protección Social (JPS) se manifestaron este 11 de marzo con una marcha en la cual dijeron “queremos ser legales, pagar impuestos y cotizar para la Caja”.
El Comité de Vendedores Independientes fue el que convocó y unas 150 personas de lugares como Siquirres, Cartago, Alajuela, San José y Turrialba dijeron presente.
Salieron del frente del edificio de la JPS, caminaron por el paseo Colón, la avenida Segunda y llegaron a la Asamblea legislativa.
“Estamos deseando trabajar legalmente, por eso nos manifestamos, para poder ser escuchados. La Junta (JPS) no nos abre las puertas ni atiende a los llamados de diálogo que buscamos”, afirmó Francisco Rodríguez, parte del Comité de Vendedores.
“Hay un acuerdo nacional de todos los vendedores de tiempos para ser legales, pagar impuestos, pagar un tipo de canon (derecho por concesión) anual, entregarle al Gobierno el 1% de las ventas para obra social, cumplir con los permisos de ley como municipales y de salud; además, que todos los que trabajan en esto paguen lo correspondiente a la seguridad social”, añadió.
Aclaran que los tiemperos ilegales no son narcotraficantes ni delincuentes, mucho menos traficantes de órganos, como los han tachado.
“Hablamos de gente descente, de más de treinta mil familias que trabajan en la venta de tiempos, eso significa que más de cien mil personas en el país dependen de esto”, dijo también Rodríguez.
En la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley relacionado con loterías preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar no autorizados por la JPS.
De convertirse en ley, recetaría penas de cárcel de entre 6 años y 10 años si se comprueba delincuencia organizada a una persona que sea atrapada vendiendo tiempos ilegales; de 4 años a 8 años para todo el que financie, distribuya, administre y comercialice lotería ilegal.
Las multas económicas irían de los 4 millones a los 7 millones de colones.