EscucharTristemente, cada año aumenta la cantidad de viejitos que son abandonados por sus familias.
Datos del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) revelan que ahorita en el país hay 936 adultos mayores en condición de abandono. En el 2015 eran 97.
Norbel Román Garita, presidente del Conapam, dijo el miércoles anterior, en una comparecencia en la Asamblea Legislativa, que ellos están tomando acciones para tratar de frenar el aumento de viejitos abandonados.
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Para ello, lo primero que están haciendo es analizar la ruta del abandono, que consta de tres etapas.
La primera es el antes, saber qué es lo que desencadena esta situación. El jerarca detalló que el perfil de los adultos mayores que más son abandonados es el siguiente: hombres, con enfermedades mentales, con historias de adicciones y de masculinidad desarraigada.
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En muchos casos, los viejitos son dejados en centros médicos y son funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) los que dan el reporte al Conapam. Semana Santa y Navidad con las principales épocas en las que se da esto.
La segunda etapa es el proceso, en el que se estudia cada caso para determinar si es efectivamente un abandono, ya que hay casos en los que, por ejemplo, el adulto mayor fue un papá ausente que nunca se hizo cargo de sus responsabilidades, en esos casos los hijos no están obligados a tener que cuidarlo.
La tercera etapa ya son los factores de protección, lo que se hace para que estas personas tengan la mejor calidad de vida posible.
La línea dorada 1165 ya tiene 10 meses de funcionamiento, ahí los viejitos pueden denunciar malos tratos, agresiones de todo tipo y buscar asesoramiento en el tema de cómo ejercer sus derechos. En total, se han recibido 9.030 llamadas, 25 de cada 100 son denuncias por distintos tipos de abusos y 8 de cada 100 son por abandono.
Mucho por hacer
Norbel reconoce que hay mucho trabajo por hacer en cuanto a este tema, sobre todo en prevención, pero dice que están avanzando todo lo que pueden porque tiene muchas limitaciones.
Ahorita el Conapam tiene solo 39 funcionarios, de los cuales cuatro son trabajadores sociales, ellos deben atender los casos de todo el país. No tiene oficinas regionales.
El jerarca dice que están trabajando en acercamientos con las municipalidades para que estas puedan colaborar en todo lo posible y así ayudar en la causa.
También comentó que pronto llegarán las manos de 70 voluntarios, estudiantes universitarios que ayudarán en varias labores, entre ellas en el proceso de análisis de cada uno de esos 936 viejitos abandonados, para determinar las circunstancias de cada uno, analizar si hay denuncias y en qué estado están.
936 viejitos abandonados hay en el país
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También se quiere crear más centros diurnos para promover el envejecimiento activo, él piensa que si las personas adultas mayores pasan el día en estos centros, llevando una buena vejez, será menos probable que las abandonen. Ahorita en el país hay 54 centros de este tipo y todos son privados.
Por otra parte, comentó que hay que trabajar en la sensibilización, ya que a muchos viejitos les quitan la plata de la pensión, los tratan mal y hasta los amenazan con dejar de visitarlos si se niegan a seguir sus órdenes y ellos acceden a las peticiones por miedo a quedarse solos.
Román reconoció que ya hay una ley que castiga a los ingratos que abandonan a sus viejitos, pero dice que aún no hay casos judicializados, por lo que pide ayuda a los legisladores para que haya una mayor eficacia.
La ley especifica que: A quien teniendo la obligación de cuidar abandone a una persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad, se le aplicará la pena de diez a cien días multa o de uno a seis meses de prisión. La sanción será de seis meses a tres años de prisión si a consecuencia del abandono se pone en peligro la vida, la salud física, mental o social de la persona adulta mayor, siempre que no esté más severamente penado.
Si resultara grave daño en el cuerpo o en la salud de la persona adulta mayor, la pena será de tres a seis años de prisión. Si a consecuencia del abandono ocurriera la muerte de la persona adulta mayor, será sancionado con una pena de prisión de seis a diez años, siempre que no esté más severamente penado.
