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En las últimas horas trascendió que el exministro de Salud, Daniel Salas, el expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya y los miembros de la Comisión Nacional de Vacunación, fueron denunciados por el presunto delito de prevaricato.
Pero ¿qué es prevaricato?
Es un delito que comete un funcionario público o una autoridad judicial dictando, de manera consciente, una resolución que es injusta o contraria a la ley, o esté fundamentada en hechos falsos.
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Quien incurre en esta falta comete un abuso de autoridad y no cumple con las obligaciones adquiridas en el marco de sus competencias, por lo que debe enfrentar un proceso legal en el que se sienten las responsabilidades y sanciones correspondientes.
Según el artículo 357 del Código Penal de nuestro país, este delito se castiga con prisión de dos a seis años.
La Fiscalía confirmó este viernes la presentación de una denuncia penal contra Salas, Macaya y los integrantes de la Comisión: Roberto Arroba Tijerino, secretario y coordinar de ese órgano; Leandra Abarca, coordinadora del Programa de Inmunización de la CCSS; Juan Manuel Villalobos, médico especialista en Infectología del Hospital México; Dora Matus Obregón, pediatra con especialidad en Inmunología Clínica; Hugo Marín Piva, jefe del Área de Farmacoeconomía de la Caja, y Óscar Porras, especialista en Inmunología y representante de la Asociación Costarricense de Pediatría.
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Aún se desconocen los hechos que dieron origen a la denuncia contra estas personas, pero se sabe que tiene que ver con las decisiones de la vacunación contra el covid-19, como principal estrategia para reducir los efectos de la pandemia.
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De acuerdo con la oficina de prensa de la Fiscalía, la denuncia se recibió este jueves 4 de agosto, un día después de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, arremetiera en conferencia de prensa contra los científicos de la Comisión, los acusó de tener gusto por las “cosas anómalas”, les atribuyó ilegalidades y les anticipó investigaciones.
El Ministerio Público no detalló quién fue la persona denunciante en el proceso, sin embargo, sí descartó que la denuncia haya sido presentada por una persona del Poder Ejecutivo.
