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La ley costarricense tuvo un cambio enorme e histórico, que pretende evitar el asesinato, maltrato y abandono de bebés.
Los diputados aprobaron, en segundo debate, un proyecto de ley que les da a las mujeres embarazadas el derecho de tramitar la adopción de los bebés antes de que nazcan, lo que se conoce como acogimiento prenatal.
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La iniciativa fue propuesta por la diputada Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP), y contó con el apoyo unánime de los 40 legisladores presentes en el Plenario durante su votación, algo poco común.
El proyecto de ley pretende que si una mujer queda embarazada y no estaba en sus planes tener un hijo, pueda solicitar el acogimiento prenatal ante los servicios públicos o privados. También puede hacer el trámite ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
El plan se podría haber aprobado desde hacía meses, porque la votación en primer debate fue el 29 de abril, el último día del periodo de sesiones ordinarias anterior; sin embargo, durante las sesiones extraordinarias el gobierno de Rodrigo Chaves mantuvo el proyecto congelado, pues no lo incluyó dentro de la agenda legislativa, por lo que no se le podía dar el trámite final.
Las mamás deben dar explicaciones sobre la adopción
La nueva ley exige que las mamás que quieran dar a sus hijos en adopción bajo esta modalidad, den las explicaciones del porqué lo hacen, y también deben decir si hay familiares que estén dispuestos a asumir la responsabilidad, así como los datos personales de esas personas.
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Si la mujer está juntada o casada, deberá formular la solicitud de acogimiento prenatal en conjunto con su pareja. Si el papá del bebé se opone a que el niño se dé en adopción deberá asumir el cuido siempre que el PANI determine que es apto.
El proyecto de ley fue estudiado durante casi dos años, ya que generaba muchas dudas entre diputados de distintas fracciones por la posibilidad de que la figura se pudiera usar para el tráfico de menores.
La ley aprobada por la Asamblea prohíbe cualquier tipo de intermediación para presentar una solicitud de acogimiento prenatal. En caso de que eso suceda, podría considerarse un delito de trata de personas.
Los diputados establecieron que una intermediación ilícita se constituiría cuando un funcionario público u otra persona se acerque a los papás para promover la adopción, de forma ajena a la intervención del PANI, haya un pago de por medio o no.
Lo único que falta para que el proyecto sea, oficialmente, ley de la República es la firma del presidente Rodrigo Chaves.
