EscucharLa aprobación en segundo debate de la ley que permite la pesca de arrastre desató el rechazo de una gran parte de la población por el daño que causa en el mar.
La molestia es notoria en las redes sociales, en las cuales se recuerda que reactivar la pesca de arrastre es retroceder en la protección de los recursos naturales.
Pero no se ha dicho la última palabra en el tema. Si los ciudadanos se lo propusieran podrían pedirle al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) un referéndum para que sea el pueblo el que decida si se reactiva la pesca de arrastre o no.
Andrei Cambronero, letrado del Tribunal, detalló el proceso que tendrían que seguir quienes deseen pulsear el proceso de consulta popular en el país.
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Lo primero es que los ciudadanos a favor de un referéndum deben redactar un documento en el que expresen el porqué de la petición y adjunten el proyecto de ley que desean enviar a consulta.
Una vez recibido, funcionarios del Tribunal lo revisan y si ven que cumple con los requisitos necesarios y que está bien fundamentado lo envían a la Asamblea Legislativa para que los legisladores lo revisen y hagan un resumen sobre el fondo del asunto, después definen cuánto porcentaje de participación ciudadana sería necesario para que el resultado sea vinculante (obligatorio de acatar) y devuelven el documento al TSE.
Ya con el análisis técnico de los legisladores se hacen los machotes de las hojas para recoger firmas y se les pone el resumen hecho por los diputados. Esas hojas también son selladas y firmadas por el Tribunal.
“Los gestores deben recaudar las firmas de al menos el cinco por ciento del padrón electoral, es decir, unas 165 mil, el tiempo que tienen para hacerlo es de nueve meses. Luego en el Tribunal se verifica que las firmas no estén repetidas y que las personas que aparecen ahí estén con la cédula al día, entre otras cosas”, contó el letrado.
Si todo sigue bien el TSE convoca al referéndum, el cual debe hacerse en un máximo de tres meses después.
Cambronero dijo que en la actualidad un proceso de estos le costaría al Estado unos 3,000 millones de colones.
