Este viernes se aprobó que el proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos entre a la Asamblea Legislativa y sea votado en primero y segundo debate para convertirse en ley de la República.

Este proyecto propone rebajar los salarios en forma retroactiva a quienes participen en huelgas que sean declaradas ilegales, ya que en la actualidad, los jueces interpretan que los rebajos se aplican después de la declaratoria de ilegalidad, aunque esta ocurra meses después de iniciado el movimiento.

Además, se determinó que servicios como salud, suministro de agua potable y electricidad, comedores escolares y centros de atención para niños y adultos mayores sean catalogados como esenciales y por lo tanto, se prohíbe la huelga en ellos.

También se señaló que habrá servicios trascendentales, en los cuales los trabajadores podrán ir a huelga, siempre y cuando no haya una afectación. Estos son recolección de basura, servicios bancarios y trámites del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en período electoral.

La educación se calificó como un servicio estratégico, por lo que los manifestantes no podrán irse a huelga por más de 21 días naturales y las escuelas y colegios no podrán cerrar sus instalaciones y también se deberán garantizar las condiciones para no afectar la educación especial.

El proyecto pasó la prueba en la comisión Derecho a Huelga con cinco votos a favor y uno en contra. Los legisladores Carlos Ricardo Benavides y Yorleny León del PLN, Zoila Rosa Volio del Partido Integración Nacional (PIN), Nielsen Pérez del PAC y el independiente Erick Rodríguez votaron a favor. En contra votó José María Villalta, del Frente Amplio.

Posiciones encontradas

El liberacionista Carlos Ricardo Benavides señaló que gracias al proyecto se podrá definir de una forma muy rápida la legalidad de la huelga.

"Se permitirá que los trabajadores acudan a un arbitraje y de esta manera se puedan resolver los diferencias, sin dejar de lado las labores que realizan.

Benavides añadió que en unos 10 días el proyecto llegaría al plenario, para que sea aprobado en primer debate.

“Creo que la mayoría de los diputados están a favor de regular las huelgas para proteger los derechos de los ciudadanos. Con la iniciativa, los usuarios tendrán la seguridad de que algunos servicios no se suspenderán”, expresó.

José María Villalta, quien se opone a la iniciativa, manifestó que este sería un castigo a los gremios sindicales.

“Este conflicto que sigue latente en el país se presentó al calor del momento. Hay un enojo de algunos diputados, por las organizaciones que se manifestaron contra el plan fiscal y hay un odio hacia los sindicatos, que existe en algunos sectores de la sociedad y en la clase política del país.”, afirmó.