EscucharLa Presidencia de la República retiró este lunes, de la agenda legislativa, el proyecto de reforma al impuesto de la propiedad de los vehículos, el cual busca aumentar en ¢60.000 millones anuales la recaudación del tributo que se cobra como parte del marchamo.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, convocó el expediente en su primera convocatoria de agenda para la Asamblea Legislativa, el pasado lunes 9 de mayo.
No obstante, una semana después, el Poder Ejecutivo decidió retirar la propuesta, junto con los proyectos de ley para la promoción de servicios de turismo de salud y regulación de los recursos energéticos distribuidos.
La iniciativa sobre el marchamo modificaría el cobro en tres sentidos. El primero es que cambiaría la forma en que Hacienda calcula y actualiza el valor fiscal de cada carro, es decir, el monto sobre el cual se cobra el impuesto.
El segundo aspecto es que modificaría la fórmula de cálculo del tributo.
Según la justificación del proyecto, estos dos ajustes aumentarían el impuesto para los vehículos particulares más nuevos y lo reduciría para los más viejos. Conforme más moderno sea el auto, mayor será el incremento.
El tercer elemento es la eliminación de las tarifas preferenciales que actualmente pagan los propietarios de motocicletas, autobuses, taxis y camiones de carga.
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Nuevos pagarían más
Para el dueño de un automóvil valorado en ¢18 millones, el impuesto del 2022 habría subido de ¢596.000 a ¢626.000, explica el proyecto. En el caso de uno de ¢7,5 millones, habría bajado de ¢228.500 a ¢206.600.
El dueño de una motocicleta de ¢15,1 millones pasaría de pagar ¢12.000 a ¢282.660. Asimismo, el tributo habría subido de ¢8.000 a ¢75.000 para los autobuses.
De los ¢60.000 millones adicionales que generaría la reforma al impuesto, ¢48.000 millones provendrían del ajuste a los dueños de carros particulares; ¢4.700 millones de los propietarios de camiones, y ¢3.600 millones de los motociclistas. Los cambios aumentarían en alrededor de un 32% la recaudación actual.
La propuesta fue presentada por los exdiputados liberacionistas Yorleny León -ahora presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)- y Gustavo Viales.
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