Rodrigo Chaves no ha tenido la capacidad para sacar adelante sus proyectos estrellas; el ejemplo más reciente es la ley jaguar, la cual fue declarada inconstitucional por la Sala IV.
En un intento desesperado por sacar adelante sus planes, el mandatario presentó un nuevo proyecto llamado ley jaguar 2.0, basado en el original, pero si por la víspera se saca el día, el panorama no es muy alentador que digamos para el nuevo jaguar, ya que fue hecho con base en el por tanto de la Sala, no en la sentencia completa que explica los errores de fondo de los artículos declarados como inconstitucionales.
Además, aún falta que la Sala evacue otras consultas que podrían revelar c otros de los artículos de la ley jaguar original, que ya fueron incluidos en la segunda ley, también son inconstitucionales, lo que representaría también la muerte para esta nueva iniciativa.
Pero, ese no es el único proyecto estrella que se le ha derrumbado a Chaves; por ejemplo, el bajar el precio de los medicamentos no fructificó, tampoco el de disminuir el precio del arroz, ni Ciudad Gobierno, que quedó pegado, o la marina de Limón. La mayoría de los proyectos de seguridad también se han quedado estancados porque llegan a la Asamblea Legislativa mal elaborados.
Pero ¿por qué a Rodrigo Chaves le ha costando tanto sacar adelante sus proyectos?
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El politólogo Gustavo Araya dice que, para él, mucho se debe a que gran parte del equipo de Gobierno de Chaves desconoce, entre otras cosas, cómo funciona el Estado costarricense.
“Rodrigo Chaves nunca ha contado con un equipo cercano probado, con experiencia real en la función pública. Ha escogido gente con un bajo perfil para que el que brille sea él, aunque tampoco sepa nada del funcionamiento del Estado. Su preocupación ha sido tener personas obedientes, que no tengan impedimento para ejecutar sus ocurrencias y sinsentidos. Los que saben o hacen las cosas bien, más bien estorban.
“La movilización tan grande de personas en el gabinete refuerza la idea de que para quedarse no hay que ser bueno en la función pública, conocerla o atender la ley, sino la sumisión absoluta a los designios de Chaves. Cualquier cosa en contrario es castigada, expuesta públicamente en deshonra o amenaza de persecución política”, dijo el politólogo.
Rodrigo Chaves no ha sabido negociar
Por su parte, Sergio Araya, quien también es politólogo, menciona que la poca capacidad de negociación de Rodrigo Chaves le ha salido muy cara.
“Se puede deber a distintas variables, desde que los proyectos, técnicamente, pueden venir con limitaciones o vicios de inconstitucionalidad como, de hecho, pasó con la primera versión de la ley jaguar, que eso evidentemente, no permite un trámite que lo lleve a buen puerto. Pero, también puede verse como una segunda variable que en algún momento la dificultad para generar espacios de negociación con los diputados, quienes finalmente, son los que tienen que aprobar los proyectos, afecta.
“Esas negociaciones deben darse en un escenario donde el Poder Ejecutivo tiene una minoría, eso genera importantes complicaciones; además, se suma el tema de la tensión por el estilo de discurso y conducción política del actual presidente, lo cual enrarece ese clima requerido para la negociación”, dio el experto.
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Sergio señaló también que se han dado errores tácticos en el manejo de la dinámica parlamentaria por parte de las ministras de la Presidencia, quienes son las operadoras encargadas de la relación con el Poder Legislativo.
Los presidentes siempre buscan llevar a cabo proyectos importantes, que los hagan ser recordados en el tiempo; en este caso, Rodrigo Chaves siempre presentó el proyecto de Ciudad Gobierno como ese plan estratégico de su mandato, luego sumó la marina de Limón.
En un intento por concretar esas dos iniciativas es que nació la ley jaguar 1 y ahora la 2; sin embargo, el camino para ese proyecto está cuesta arriba.
Gusta Araya dice que el mandatario Chaves sabe bien que ese proyecto no es viable, pero aun así insiste por un tema de apariencias y discurso político.
“Es un recurso retórico; sabía perfectamente que iba a ser inconstitucional, porque estaba asesorado por personas que conocen de razonamiento jurídico. El Gobierno nunca pensó que el plan jaguar como más que un recurso propagandístico para demostrar que Chaves tiene todavía validez como operador político, que puede todavía emitir política pública, cosa que es absolutamente falsa.
“El proyecto jaguar no tiene ningún sentido jurídico ni constitucional, y la armazón del nuevo del proyecto jaguar 2.0 tiene vicios de inconstitucionalidad y puede que haya más vicios de derecho administrativo; entonces, ¿por qué siguieron adelante con un proyecto que se sabía que estaba mal?, porque el proyecto no es jurídico, es político electoral, entonces no les importa”, dijo el politólogo.
La nueva ley ya inició un camino de revisiones y consultas, tanto en el Tribunal Supremo de Elecciones como en la Asamblea Legislativa, para saber si este sí podrá ver la luz o también morirá en el camino.