El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se salió de sus casillas al ver que los diputados estaban rechazando sus proyectos estrella en materia de seguridad, pero en lugar de escuchar por qué no eran bien vistos por los legisladores, hizo un berrinche monumental y los desconvocó, es decir, los quitó de la agenda de la Asamblea Legislativa.

Los proyectos que había presentado el Ejecutivo eran cinco. Aquí les decimos los errores que tenían.

Uno de los proyectos era el 23.691 que pretendía endurecer las penas de la Justicia Penal Juvenil en ciertos casos, hasta establecía la prisión preventiva para menores de edad.

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa determinó que ese proyecto de ley tenía serias fallas y que no era viable.

“El principio de proporcionalidad equilibra el poder sancionatorio del Estado con los derechos y garantías fundamentales de los individuos, si esto no se acata, se estaría en presencia de una actuación arbitraria y violatoria de los principios y garantías constitucionales”, advirtieron los técnicos.

LEA MÁS: Presidente Rodrigo Chaves pasó de comerse la bronca a renunciar a ella

Otros fallos

Otro de los proyectos era el 23.690, que tenía como fin modernizar las intervenciones de las comunicaciones para realizar escuchas telefónicas, por ejemplo en casos de femicidios y homicidios.

Ampliaba a “todos los cuerpos policiales” la delegación de las intervenciones en las comunicaciones, pero pretendía restringir al fiscal general como la única persona capaz de solicitar dicha intervención, algo que según criterios técnicos del Congreso no era lo más recomendable.

“La concentración en una sola persona para la toma de decisión de solicitar la intervención de las comunicaciones, podría, al parecer de esta asesoría, resultar en demoras en los procedimientos, si se tiene en consideración el volumen de trabajo de quien ejerza la jefatura del Ministerio Público, y la cantidad de procesos a nivel nacional, en los que se podrían solicitar intervenciones en las comunicaciones”.

También estaba el 23.689 que proponía endurecer las penas y prohibiciones para la portación de armas para atacar el crimen organizado. El informe de Servicios Técnicos no encontró vicios de constitucionalidad en él, pero sí hizo señalamientos en cuanto a la “mala redacción del proyecto”.

Además, varios diputados señalaron que el proyecto de ley endurecía castigos solo para las personas que tenían armas de forma legal, ya que los sicarios, delincuentes y narcotraficantes, no adquieren sus armamentos de forma legal, por lo que no tenía mucho sentido que digamos.

Reformas muy serias

La iniciativa 23.688 pretendía regular el Sistema Penitenciario Nacional en sus funciones administrativas y en la ejecución de penas de reos, pero la diputada Gloria Navas, abogada y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, fue clara que en ese proyecto de ley era muy peligroso.

“La ley que implica una reforma a la Dirección General de Adaptación Social, que es el tema de rehabilitación, resocialización etc., eso es más apto para el Poder Ejecutivo, eso no tiene que ver realmente con la persecución policial, ni con sanciones de pena, eso es un tema más propio de la administración del Gobierno.

LEA MÁS: Vea cuándo dará la UNA los resultados del examen de admisión

“Una reforma a la ley de Adaptación Social que ha estado vigente durante muchos años, hay que verla con mucho cuidado para no caer en vicios de inconstitucionalidad. Es importante entender que cuando se reforman las leyes siempre se aplica el principio de ley más favorables”.

Por último, el proyecto 23.692 buscaba ampliar criterios para la prisión preventiva, y dejando esta medida cautelar como casi “una regla”. La iniciativa especificaba que si una persona era, a criterio de las autoridades, un “peligro para la sociedad”, podría ir presa así no más, sin necesidad de tener pruebas contra ella.

“El constituir un peligro para la sociedad alude a características personales, es decir, se decretaría la prisión preventiva a partir de condiciones personales, no necesariamente vinculadas con el objeto del proceso penal que esté en curso”, algo que constituye un grave riesgo de inconstitucionalidad, detalló el informe de servicios técnicos.