EscucharPilar Cisneros se opuso de todas las maneras posibles a que se votara una moción para que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico investigue supuestos nexos criminales con el gobierno de Rodrigo Chaves.
Ella dijo a La Teja que la fracción oficialista haría lo que fuera necesario para que esa moción no prosperara, sin embargo, este jueves se aprobó.
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Muchos legisladores se molestaron porque el miércoles por la tarde los diputados de gobierno pidieron dos recesos de 10 minutos para hacer tiempo en el plenario mientras se levantaba la sesión. El Partido Unidad Social Cristiana también solicitó un receso similar.
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“Los recesos tienen una explicación muy simple; el primero fue para tratar de convencer a los jefes de fracción de hacer una redacción diferente en esa moción, porque nosotros como fracción oficialista no vamos a aceptar de ninguna manera que nos digan que somos un narcoestado.
“El segundo receso fue para tomar una decisión de fracción de cuál iba a ser nuestra actitud. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se investigue hasta el fondo cualquier intromisión del narcotráfico en los Poderes de la República... pero no vamos a aceptar la aprobación de una moción con una serie de barbaridades, inexactitudes y mentiras porque la redacción está francamente ofensiva”, argumentó Cisneros.
La moción fue presentada por el diputado Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN), y pretende que la comisión legislativa indague con profundidad, con base en denuncias publicadas en medios internacionales, como El Universal de México, El País de España, The Washington Post y The New York Times, así como señalamientos de funcionarios públicos, como el director de la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas, Edson Rodríguez.
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La propuesta señala la intención del gobierno de construir cárceles de carpas y el traslado de la Academia de Guardacostas de Quepos a Pococí, en un lugar donde no se tendría fácil acceso al mar.
“Hubo un posible debilitamiento en el acompañamiento del Ministerio de Seguridad en operativos contra la delincuencia organizada e, igualmente, una ausencia total de apoyo de la Unidad Especializada de Intervención (UEI), así como movimientos de personal de la Policía de Control de Drogas (PCD) y, finalmente, falta de apoyo de Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica (SVA) en operativos”, dice la moción.
Pedirán al gobierno dar informes sobre actos dudosos
La iniciativa es clara al solicitar investigar “las denuncias periodísticas hechas en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales sobre posibles negociaciones del gobierno de Costa Rica con redes mafiosas costarricenses, ligadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, con el fin de reducir el aumento de violencia”.
También se pide que el Poder Ejecutivo brinde “los informes necesarios para esclarecer una serie de hechos sospechosos que hacen pensar que desean disminuir el combate a la delincuencia que hacen otros órganos de seguridad de Costa Rica”.
La moción cita que la Fiscalía abrió, en agosto del 2023, una investigación con base en la publicación de El Universal, por supuestas negociaciones de jerarcas del Poder Ejecutivo con redes mafiosas ligadas a carteles mexicanos.
Asimismo, menciona publicaciones de medios internacionales, en marzo del 2023, donde se describe la grave situación de seguridad que ha estado viviendo Costa Rica, y que generaron una reacción del Ejecutivo con leyes que, supuestamente, ayudarían a combatir el narcotráfico.
Otra parte de la moción dice que, en abril del 2023, Rodrigo Chaves “trató de minimizar la situación de seguridad, indicando que querían hacer ver una crisis, pero que no era tal, porque los malos se estaban matando entre ellos”.
Finalmente, la propuesta enfatiza en el hecho de que la Presidencia tendría varias leyes sin firmar, incluyendo la Ley para anular la naturalización de personas vinculadas al narcotráfico.
