EscucharEste lunes, el país amaneció con la sorpresa de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía estaban en busca de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y estaban haciendo 28 allanamientos.
El OIJ informó que agentes destacados en la sección de Anticorrupción, en conjunto con el Ministerio Público, allanaron casas de habitación, oficinas de la Caja y varias cooperativas de salud.
El motivo de los allanamientos es por los aparentes delitos de influencia en contra de la hacienda pública, tráfico de influencias y prevaricato.
Todo se debe a un supuesto sobreprecio millonario en la adjudicación de los Ebais a cooperativas.
“De acuerdo con el informe preliminar, la investigación habría dado inicio a principios del 2023, cuando, al parecer, miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y a su vez realizaron un nuevo procedimiento en el que, supuestamente, estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud, que se encargarían de la administración de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) del país.
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“Esto pese a un estudio financiero elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, donde se indicaba que los precios de las ofertas presentadas eran excesivos, pues significaban un aumento aproximado del 33%, por lo que le saldría más costoso a la institución brindar el servicio y esto no se apega al principio de menor costo, que faculta la contratación de terceros para brindar el servicio de salud.
“Pese a las recomendaciones por parte de la Junta de Adquisiciones de la Caja de declarar infructuosa dicha contratación, los imputados, a sabiendas del perjuicio económico que sufriría la institución, aparentemente, aprobaron dichos contratos y dejaron de lado los criterios técnicos”, detalló el OIJ.
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Por esta razón se desarrollaron varias diligencias en San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Puntarenas, donde se pretende decomisar evidencia de relevancia para esta investigación.
Una vez finalizados los allanamientos, los agentes de la Sección de Anticorrupción remitirán un informe al Ministerio Público.
