EscucharCada vez se complica más el panorama para la póliza que quiere contratar el Ministerio de Hacienda para defender al presidente Rodrigo Chaves y su Gabinete en procesos penales.
Ahora se oponen a esta, los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP), quienes presentaron ante la Sala Constitucional un recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda por gestionar un seguro de ¢248 millones.
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Ellos consideran que de concretarse el seguro, se vulnerarían principios constitucionales, especialmente el deber de probidad, el uso adecuado del erario y el derecho de igualdad ante la ley.
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Los congresistas alegan que el artículo 33 de la Constitución Política garantiza que todas las personas son iguales ante la ley, y que no pueden recibir privilegios contrarios a la dignidad humana por lo que la contratación de la póliza busca proteger “excesiva y exclusivamente al presidente y su gabinete, lo que podría interpretarse como un privilegio particular que no se otorga al resto de ciudadanos ni a otros funcionarios”.
Ellos también critican que la póliza se quiera contratar cuando el presidente Rodrigo Chaves enfrenta más de 50 causas penales por presuntos delitos como tráfico de influencias, abuso de autoridad y difamación pública.
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“Estas acusaciones no deberían ser cubiertas con recursos del Estado, pues no forman parte de los deberes inherentes al cargo ni se justifican dentro del interés colectivo”, aseguran los legisladores.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, defiende la póliza y dice que es necesario para que el mandatario Chaves y los ministros puedan tener seguridad a la hora de tomar decisiones importantes en sus cargos.
Los liberales recordaron que el artículo 11 de la Constitución Política establece que la función pública debe ejercerse con el objetivo de satisfacer el interés público. Incluso, la Ley contra la Corrupción exige que los funcionarios respondan por actos de negligencia, abuso de poder o desviación de fondos.
Para los legisladores del PLP, la contratación de la póliza exime al presidente y a su gabinete de esta responsabilidad. Además, el hecho de que se financie este seguro con recursos públicos contradice el principio de probidad, dando un trato privilegiado y discriminatorio a los jerarcas.
El recurso de amparo fue firmado por los diputados Eliécer Feinzaig, Cynthia Córdoba, Gilberto Campos, Johana Obando y Luis Diego Vargas.
