EscucharEl Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha investigado y condenado, en los últimos años, a algunos de los partidos políticos más importantes del país por mañas y delitos que han cometido durantes las diferentes elecciones, ya sea presidenciales o municipales.
El recuento lo haremos a raíz de que este fin de semana se filtraron los resultados de la investigación que realizó el TSE en torno al financimiento del presidente Rodrigo Chaves y del Partido Progreso Social Democrático durante las elecciones del 2022.
En la investigación se concluye que “es posible sostener” que existieron dos “estructuras paralelas de financiamiento” para el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), empapando de esta forma a Rodrigo Chaves, presidente de la República, y a varios miembros de su gabinete.
Si bien es una de las pesquisas más sonadas en los últimos años, por involucrar a un presidente de la República, es importante aclarar que no se trata de la primera. En realidad, en más de una ocasión el TSE ha puesto bajo la lupa a las principales fracciones políticas del país.
A continuación les dejamos algunas de las más importantes.
Partido Acción Ciudadana
Quizás una de las condenas más habladas en los últimos años ha sido la que el TSE estableció contra el PAC en 2016, luego de que los encontró culpables de haber estafado al Estado.
Todo sucedió durante la campaña electoral del 2010, que llevó a Luis Guillermo Solía a la presidencia.
Según reveló la investigación, el PAC presentó contratos de servicios especiales que resultaron ser falsos o irregulares, para aprovecharse y cobrar la deuda política.
En pocas palabras, lo que hicieron fue presentar 263 contratos por servicios especiales como parte de la liquidación de gastos de la campaña de 2010, lo que les dio acceso a poco más de 516 millones de colones.
El problema estaba en que 179 de estos contratos resultaron ser falsos y, en realidad, correspondían a voluntarios que hicieron trabajos diferentes a los que el PAC declaró ante el TSE y, peor aún, en algunos casos pertenecían a personas que no participaron del todo en la campaña.
Al final, el TSE y la Fiscalía determinaron que el PAC estafó al estado por 364 millones de colones, ya que no en todos los casos se pudo demostrar que hubo delito.
Para este caso se impusieron condenas de seis años de cárcel contra el extesorero del partido, Maynor Sterling, y tres a Manuel Antonio Bolaños, colaborador del PAC.
Al PAC, por su parte, se le obligó a pagar poco más de 627 millones de colones, de los cuales, al día de hoy, ha cancelado 489 millones.
Movimiento Libertario
El Movimiento Libertario (ML) fue el primer partido en ser sancionado por delitos electorales.
En este caso, que se remonta al 2015, se condenó al ML por una estafa similar durante las elecciones del 2010.
Ronaldo Alfaro, entonces vicepresidente del partido, cobró 209 millones de colones de la deuda política para impartir 194 cursos de capacitación, pero estos nunca se dieron.
El TSE condenó a Alfaro a ocho años de cárcel y obligaron al partido a devolver los 209 millones de colones que obtuvieron de manera fraudulenta.
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Partido Unidad Social Cristina
Otro al que le cayó todo el peso de la ley fue al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en 2018, pues le tocó pagar una multa de 20,8 millones de colones por incumplir el reglamento electoral para los comicios municipales del 2016.
Lo que pasó fue que el PUSC pidió permiso para realizar 25 actividades en sitios públicos que tendrían fines electorales.
Pero, similar a los casos anteriores, no las realizaron, lo cual les valió un total de 25 multas, una por cada actividad que no realizaron, lo cual ascendió la deuda a un total de 20.835.000 colones.
Rodrigo Chaves
Ahora, a Rodrigo Chaves y a otros 15 miembros del oficialismo, entre ellos el vicepresidente Stephan Brunner; el canciller, Arnoldo André y los diputados Waldo Agüero y Luz Mary Alpízar, se les achacan varios supuestos delitos electorales por la forma en que se financió la campaña.
La investigación revela que se pudieron haber utilizado dos estructuras paralelas para mover dinero no reportado al TSE.
Uno fue a través del polémico fideicomiso “Costa Rica Próspera” (CRP) y otro que se manejó a través de las cuentas bancarias de Sofía Agüero, hija del diputado oficialista, Waldo Agüero.
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No queda de más señalar que el Código Electoral es muy claro al decir que todo el dinero que se utilice para campañas debe pasar a través de las cuentas del TSE; por ende, que existan estructuras paralelas queda totalmente prohibido y es ilegal.
En los últimos días, el periódico La Nación reveló en exclusiva que al TSE se le encendieron las alarmas de que algo estaba mal cuando, luego de levantar el secreto bancario de Chaves, se dieron cuenta de que el 23 de noviembre del 2021, tres meses antes de las elecciones, Emmanuel Figueroa, uno de los jefes de campaña de Chaves, depositara 6 millones de colones en efectivo a una de las cuentas personales del ahora presidente de la República.
Un día después, Chaves transfirió todo ese dinero a la cuenta del Partido Progreso Social Democrático, como si fuera un préstamo.
Además de a Chaves, se le levantó el secreto bancario a Jack Loeb Casanova, Arnoldo André Tinoco, al empresario Bernal Jiménez y a Sofía Agüero.
