EscucharSi paga pensión alimentaria por sus hijos, esta información le interesa.
Un proyecto de ley pretende hacer un cambio sobre uno de los aspectos más polémicos del pago de dichas pensiones.
Actualmente, si un hombre o una mujer pagan pensión alimentaria y necesitan salir del país, únicamente pueden hacerlo con la autorización de la parte que recibe la plata, o bien pagando por adelantado la pensión de 12 meses, más el aguinaldo y el salario escolar. Así lo establece el artículo 261 del Código Procesal de Familia.
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Un proyecto de ley del diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República, busca flexibilizar la salida del país de las personas que pagan pensión alimentaria por sus hijos, sean hombres o mujeres.
El expediente plantea una reforma al artículo 261 y la adición de un artículo 261 bis del Código Procesal de Familia, que hace que la persona deudora pueda presentar un proceso judicial para que un juez de Pensiones Alimentarias le autorice la salida del país, por razones justificadas y debidamente acreditadas.
Eso sí, para solicitar el trámite, la persona debe tener al menos 2 años de pagar pensión alimentaria judicializada y no haber incumplido ningún pago mensual.
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“Con esta propuesta no se debilita la garantía del cumplimiento del deber de manutención y, a la vez, procura la salud y la estabilidad económica del obligado, permite que la persona deudora pueda crecer profesionalmente, aumentar sus ingresos, y hasta ascender en su trabajo, lo cual puede ser beneficioso para los menores de edad y estudiantes que disfrutan de este derecho”, explicó Alvarado.
El diputado asegura que esa restricción actual ha generado inconvenientes en quienes pagan pensión.
“Esta restricción, en la que no aplican excepciones, representa en muchos casos un impedimento para que el deudor pueda salir del país, y ha ocasionado, por ejemplo, que muchos de ellos no puedan acceder a intervenciones médicas que solo se brindan fuera de Costa Rica, poniendo en riesgo su salud, su calidad de vida y hasta la vida misma”, señaló el legislador.
“En otros casos, obligados alimentarios han perdido oportunidades de empleo, pues debían cumplir con alguna tarea o responsabilidad fuera del país. Otros, han visto impedida la posibilidad de aprovechar una beca de estudios o capacitarse en el exterior por la arbitrariedad de esta norma”, agregó.
El proyecto se elaboró con el apoyo de la Fundación de Apoyo al Hombre (Fundiapho).
