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Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Pilar Cisneros, diputada oficialista, tendrán que dar explicaciones frente a un juzgado por un caso que los podría poner entre la espada y la pared.
Según reveló La Nación, Chaves y Cisneros están metidos en una bronca con la empresa de publicidad Madison Revolution S. A., la cual los demandó por, supuestamente, incumplir con el pago de diversos trabajos de propaganda que formaron parte de la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el 2022.
En teoría, se les acusa de no pagar $113.495, (unos 57 millones de colones), como parte de la campaña publicitaria que incluyó anuncios de televisión, vallas publicitarias, sesiones de fotografías y hasta publicidad en redes sociales.
En la demanda también salen salpicados el empresario Jack Loeb, así como la sociedad ATA Trust Company, que administró el polémico fideicomiso que llevó a una investigación por, aparentemente, funcionar como una estructura paralela para financiar la campaña de Chaves.
El juicio se debería realizar, en algún momento, entre el 18 y el 20 de marzo de este año.
En La Teja nos pusimos en contacto con la diputada Cisneros para conocer quién era el responsable de coordinar los pagos y contrataciones con agencias como Madison Revolution, así como otra serie de preguntas, pero, para el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.
No obstante, la diputada le confirmó a La Nación que había sido notificada y dijo que no tiene nada de que preocuparse, ya que: “no tuve nada que ver en eso. Ni firmé, ni prometí pagos, ni era jefa. ¿Por qué me demandan a mí? No sé, porque soy Pilar Cisneros”.
