EscucharLos diputados analizan hacer un enorme cambio en la ley a la hora de procesar y juzgar a menores de edad que cometen delitos relacionados con el crimen organizado.
Duele saber que cada vez son más los muchachos que cambian el estudio por pistolas para cometer asesinatos, pero es una realidad.
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Por eso, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, dictaminó de forma afirmativa un proyecto de ley que permitiría procesar a los menores que cometen delitos relacionados con el crimen organizado, mediante solicitud del Ministerio Público.
La iniciativa fue propuesta por el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, y es una de las propuestas que pretende dar armas a las autoridades judiciales para combatir la ola de violencia que vive el país.
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Si se llega a aprobar, la Fiscalía podría solicitar contra menores medidas cautelares como la prisión preventiva, con la debida justificación, algo que ahorita no está permitido. Además, los muchachos podrían ser procesados bajo procesos declarados de tramitación compleja.
“Este proyecto tendrá como efecto el uso de mejores herramientas para investigar, ampliar plazos, imponer medidas cautelares y asegurar que los menores de edad infractores sean juzgados por jueces especializados. Esto aumentará las garantías de que el proceso penal se conduzca de una mejor manera”, dijo Campos.
El proyecto también autoriza la creación de un registro penal juvenil para que se elabore un archivo de personas imputadas con suspensión de proceso a prueba o conciliaciones, así como los casos en que se dicte una sanción penal juvenil en causas juzgadas.
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También autoriza al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la recolección, almacenamiento y uso de datos genéticos de los menores de edad imputados.
“Desde la etapa de investigación hasta antes de formularse la acusación, el Ministerio Público podrá solicitar la declaratoria de tramitación compleja y podrá incluir en la solicitud la petición para que la declaratoria y autorización de diligencias de investigación o medios de prueba que requieran autorización jurisdiccional”, se explica en el texto.
Además, la propuesta de Campos detalla que las penas impuestas a los menores de edad se cumplan de manera efectiva, es decir, sin alcahueterías.
