EscucharUn vecino de Cartago, a quien llamaremos con el nombre ficticio de Alfonso, ha tenido que pasar verdaderas peripecias para poder salir del país a capacitaciones de su trabajo.
Él accedió a contarnos su historia con la condición de que no publicáramos su nombre, porque no quiere tener más problemas de los que ya tiene.
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Alfonso tiene un hijo de 23 años por el que aún paga pensión alimentaria y, cada vez que en el trabajo le dicen que tiene que ir a alguna capacitación fuera del país, hasta que suda frío, porque sabe que se le viene un problemón.
Su exesposa y mamá del muchacho nunca le firma la autorización para que salga del país, por lo que ha tenido hasta que pedir plata prestada a conocidos para depositar por adelantado un año de pensión y así poder viajar.
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“La ley, actualmente, dice que para salir del país en esos casos hay que pagar por adelantado un año de pensión más el aguinaldo y el salario escolar. En mi caso eso suma ¢2.406.000, eso es lo que debo pagar para salir del país y, difícilmente, uno va a tener tanta plata en la cuenta.
“Eso me ha traído problemas, he tenido que pedirles plata a amigos o, incluso, hacer préstamos, para poder ir a cursos del trabajo. Esa plata se la devuelven a uno como 15 días hábiles después de regresar al país, lo que hay que hacer es, prácticamente, bajándose del avión ir a hacer el trámite al Juzgado para recuperarla lo antes posible”, contó el hombre.
Ha perdido cuatro oportunidades valiosas
Un vecino de Desamparados también nos contó su historia. Él también pidió que no reveláramos su nombre, porque quiere evitar más broncas con la mamá de sus tres hijos, así que le llamaremos Adrián.
Este otro papá tiene que pagar un monto mucho más elevado que Alfonso, si él quisiera salir del país tendría que cancelar por adelantado 6 millones de colones.
“En los últimos dos años he perdido cuatro oportunidades de capacitaciones de mi trabajo en el extranjero. La primera vez, le dije a la mamá de mis hijos que necesitaba que firmara la autorización y me respondió que iba a llamar a mi trabajo para ver si era verdad que se trataba de un viaje laboral. Después de eso me dijo que también necesitaba una carta del gerente; es decir, se inventa procedimientos que no existen. En esa ocasión ya hasta se habían comprado los boletos y al final no pude ir.
“En las otras tres ocasiones también hice el intento de hablar con ella, pero en ninguna ocasión firmó, así que siempre terminaron enviado a alguna otra persona de mi área porque yo no pude asistir”, relató.
Adrián dice que a raíz de esta situación realizó un trámite en el Juzgado para que le quitaran las dos pensiones que pagaba por sus hijos mayores, quienes ya tienen más de 18 años y no estudian, pero todavía paga la pensión por su hijo menor, así como la hipoteca de la casa en la que viven los muchachos con la mamá y la nueva pareja de ella.
“Traté de negociar con mis hijos mayores, les dije que yo seguía pagándoles la pensión, pero que me quitaran el impedimento de salida. Ellos le preguntaron a la mamá y ella les dijo que no me lo quitaran. Entonces decidí solicitar la exhoneración de las pensiones para ellos dos, tratando de buscar la solución para esta situación de las salidas del país”, añadió.
Esas complicadas situaciones se podrían acabar
Situaciones como las que viven Alfonso y Adrián podrían acabar. Un proyecto de ley pretende hacer un cambio sobre uno de los aspectos más polémicos del pago de dichas pensiones.
Se trata de una iniciativa del diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República, que busca flexibilizar la salida del país de las personas que pagan pensión alimentaria por sus hijos, sean hombres o mujeres.
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El expediente plantea una reforma al artículo 261 y la adición de un artículo 261 bis del Código Procesal de Familia, que hace que la persona deudora pueda presentar un proceso judicial para que un juez de Pensiones Alimentarias le autorice la salida del país, por razones justificadas y debidamente acreditadas.
El texto detalla que para solicitar el trámite, la persona debe tener al menos dos años de pagar pensión alimentaria judicializada y no haber incumplido ningún pago mensual.
“Con esta propuesta no se debilita la garantía del cumplimiento del deber de manutención y, a la vez, procura la salud y la estabilidad económica del obligado, permite que la persona deudora pueda crecer profesionalmente, aumentar sus ingresos, y hasta ascender en su trabajo, lo cual puede ser beneficioso para los menores de edad y estudiantes que disfrutan de este derecho”, explicó Alvarado.
Tanto Alfonso como Eduardo ven en la iniciativa la solución que tanto necesitan para poder salir del país cuando lo necesiten. Ellos esperan que el proyecto de ley avance rápido en la Asamblea Legislativa.
“Yo entiendo que esto del impedimento de salida es una herramienta para evitar la fuga de una persona que quiera desentenderse de sus obligaciones, pero nos meten a todos en el mismo saco de que somos potenciales fugitivos, no se analiza cada caso especial. Me parece que este proyecto de ley viene a eso, a analizar cada caso y dar esa oportunidad a la que tenemos derecho, ya sea para salir del país a trabajar o hasta para pasear”, manifestó Adrián.
