EscucharEl exfiscal general, Francisco Dall’Anese, dijo algo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir sobre la póliza que quiere contratar el Gobierno para el gabinete del presidente Rodrigo Chaves.
Él fue uno de los expertos en seguridad que llegaron a comparecer a la Asamblea Legislativa a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y fue convocado para que diera su opinión sobre si el narcotráfico se ha infiltrado en el Gobierno y el Estado.
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La diputada independiente Gloria Navas aprovechó la visita de Dall’Anese para preguntarle qué opinaba de que el gobierno quiera contratar una póliza para que cubra la defensa, protección, extradición y otros aspectos en caso de que el presidente o algún ministro enfrente un proceso penal.
El exfiscal general respondió sin pelos en la legua, y dijo que eso era una barbaridad y generaba mucha desconfianza.
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“Yo compro una póliza de incendios para mi casa porque se puede quemar. Compro una póliza de salud porque me puedo enfermar, o se pueden enfermar mis hijos y mi esposa. Pero ¿a quién se le ocurre una póliza para un proceso de extradición cuando se acaba de autorizar la extradición por terrorismo y narcotráfico?”, cuestionó.
“Con esto no acuso a nadie, pero sí creo que quienes redactaron esa póliza tienen que rendir cuentas. No digo que sea el presidente o el ministro, pero alguien puso eso en la póliza, y es porque ese alguien está esperando que lo pidan en extradición. Esto es un indicio muy claro de que hay penetración en el Gobierno de estos males que nosotros no queremos. No estoy acusando a nadie, pero yo sí creo que alguien tiene que dar cuentas de esto”, agregó.
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La póliza, gestionada por el Ministerio de Hacienda, cubriría a 65 jerarcas del Poder Ejecutivo, con un límite por persona de hasta $500.000 anuales (¢258 millones) y un monto total anual de hasta $3 millones (unos ¢1.502.747.000). Según consta en el Sistema de Compras Públicas (Sicop), este contrato con el INS tendría una vigencia de 12 meses, renovable hasta por cuatro años.
Por ella Hacienda tendría que pagar ¢248.391.706 al año. Actualmente, el trámite de la contratación está frenado porque, debido a la polémica, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, dijo que enviaría una consulta a la Procuraduría General de la República para ver si la póliza es viable.
