EscucharEl proyecto de ley que presentó Rodrigo Chaves para tratar de bajar las pensiones de lujo puede tener buenas intenciones, pero está mal hecho.
Esa fue la conclusión a la que llegó Rubén Hernández Valle, experto en derecho constitucionalista al que buscó La Teja para que nos ayudara a analizar la propuesta presentada este miércoles llamada “Luchando por la Justicia del Sistema de Pensiones del Sector Público”.
De manera resumida, lo que este proyecto propone es que las pensiones que otorgan el Poder Judicial, el Magisterio Nacional y la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo, se disminuyan al límite que establece la Caja Costarricense de Seguro Social dentro del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); es decir, como máximo pensiones de 1.765.859 colones.
La idea es que una vez que el proyecto entre a regir, si es que lo hace, se tiene un plazo máximo de seis meses para poner esos techos.
Y si bien es proyecto noble y con buenas intenciones, a ojos de Rubén Hernández Valle el proyecto no tiene ni pies ni cabeza.
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En una entrevista exclusiva para La Teja, don Rubén enumeró los cuatro grandes problemas que tiene este proyecto y por los cuales, es probable, que no vea la luz del día.
Por igual
El primer problema, sin lugar a dudas, es el más controversial, y se trata del alcance de la ley.
El proyecto dice muy claro en su artículo 6 que la ley se va a aplicar “tanto para las pensiones en curso de pago como para los nuevos derechos jubilatorios que sean otorgados a partir de la entrada en vigor de esta ley”.
En pocas palabras, que se le van a cortar las alas a las pensiones de lujo nuevas y a las que ya existen y, si bien son indefendibles e indignantes, ni Chaves ni nadie puede quitarle o reducirle la pensión a una persona que ya la recibe, salvo los tribunales de justicia.
“Yo estoy de acuerdo con que se establezca un tope y que sea igual para todos, pero, jurídicamente hablando, solo se puede librar para los futuros pensionados.
“¿Por qué? Porque para los actuales pensionados, si esa ley pasa tal y como está, violaría sus derechos adquiridos. Entonces, hasta ahí llegaría el asunto”, argumenta Hernández.
Pero, ¿cómo está el arroz con los derechos adquiridos, realmente son intocables?
Lo primero que hay que entender es que los derechos , una vez adquiridos, se mantienen protegidos aunque cambien las reglas o leyes en el futuro.
“Los derechos adquiridos de buena fe, es decir, al amparo de una ley que estaba vigente y que nadie había cuestionado, se tienen que respetar.
“Es justamente lo que ocurrió en este caso. Todos los actuales pensionados adquirieron ese derecho o el monto que actualmente devengan, de acuerdo con la legislación vigente en el momento en que les fijaron sus montos de pensión”.
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Es importante aclarar que hay casos en los que se determina que una ley es inconstitucional o tiene vicios de legalidad y se anula, pero esos efectos de la anulación son a futuro.
“El único efecto que tendría este proyecto de ley es que para los futuros pensionados, a ellos sí se les va a aplicar el toque salarial, pero no se puede modificar los montos actuales ni mucho menos devolverlos”, sentenció el experto.
Sin futuro
Lo anterior nos lleva al segundo problema y es que, las probabilidades de que este proyecto sea inconstitucional son muy altas.
“Esta ley ni siquiera va a pasar, porque se haría una consulta de constitucionalidad a la Sala Constitucional y ella diría que no”, adelanta.
Ante esta posibilidad, Chaves anunció que ya tienen todo preparado para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pero, según explicó don Rubén, ir a la CIDH no sería de mucha ayuda por varias razones.
Primero, porque hay que esperar a que se resuelvan todos los procesos internos, es decir, consultas de la Sala IV, Asamblea Legislativa, etc.
Segundo, porque si la CIDH decide aceptar el caso, tarda entre 7 y 8 años resolviendo este tipo de consultas.
Para don Rubén, fue un error presentar el proyecto de ley en este momento, teniendo claro que podrían estar ante un proceso litigioso y contencioso, cuyo resultado se sabría hasta dentro de 8 o 10 años.
Por el contrario, lo que Chaves tenía que hacer era utilizar su facultad consultiva ante la Corte y plantear una consulta de convencionalidad sobre el proyecto de ley.
Estas consultas suelen resolverse en 10-12 meses. Si la sentencia fuere favorable a sus pretensiones, podría presentar el proyecto sin que nadie pueda traérselo abajo, ni siquiera la Sala Constituciona, pues la sentencias de la CIDH son vinculantes para todos los órganos del Estado costarricense.
Platos rotos
Todo lo anterior nos lleva al tercer problema que le encontró don Rubén y es que si bien la finalidad es muy noble, el proyecto está mal planteado y posiblemente sería rechazado.
Resulta que en el caso del Poder Judicial y del Magisterio, los aportes de sus trabajadores son sustancialmente superiores a los del resto de trabajadores de la Caja.
El problema de esta ley es que no tomó en cuenta que en el momento en que se ponga un tope, tienen que ajustarse las cotizaciones de estos trabajadores para que sean iguales a las de la Caja, lo que podría poner a esa institución en riesgo, ya que dejarían de percibir un porcentaje importante por concepto de cuotas obreras.
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Para que se hagan una idea, actualmente, los trabajadores del Poder Judicial y del Magisterio cotizan entre el 14% y el 15% de su salario, con este ajuste bajarían al 10%, recortando sumas importantes de dinero que entran a la Caja.
Posible solución del problema
El Consejo de Gobierno debería declarar lesivos al interés público los acuerdos de aumento de pensión de cada uno de los pensionados de lujo luego ir a la vía contencioso administrativa para decretar su nulidad.
Los efectos de la eventual sentencia estimatoria serían los de ajustar, para el futuro, el tope de las pensiones, pero sin poder recuperar los montos pagados.
Sin embargo, para que ello se dé, es necesario que la sentencia de la CIDH establezca que el proyecto de ley no contiene vicios de inconvencionalidad ni de inconstitucionalidad.
Si, en cambio, decretare que el proyecto de ley viola alguna norma convencional o constitucional, el proyecto sería jurídicamente inviable.
Caballo de troya
El último problema es que, muy al estilo Chaves, este proyecto podría usarse como una excusa para atacar a los otros poderes de la República.
“Me parece que como ya no hay tiempo y el asunto, si se llegara a aprobar, sería únicamente hacia el futuro, se puede usar como argumento político para decir que la Asamblea ni la Sala Constitucional quisieron aprobarlo”.
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“O sea, hay una buena intención y objetivo de poner un orden que debió haberse hecho hace muchos años, pero el proyecto, como lo pretende el Ejecutivo, es imposible que se apruebe de esa forma.
“Entonces, se van a quejar de que la Asamblea o los tribunales de justicia impidieron acabar con las pensiones de lujo”, adelantó.
Nos pusimos en contacto con el departamento de prensa de Casa Presidencial para conocer su opinión respecto a los problemas aquí presentados, pero no se obtuvo respuesta.
