EscucharEl Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio a conocer los resultados de la investigación que realizaron en torno al financiamiento de la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves, en la que, en resumen, dicen que “es posible sostener” que existieron dos “estructuras paralelas de financiamiento” para el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Uno fue el polémico fideicomiso “Costa Rica Próspera” (CRP) y otro que se manejó a través de las cuentas bancarias de Sofía Agüero, hija del diputado oficialista, Waldo Agüero.
Y si bien la investigación no es definitiva, en el sentido de que se puede utilizar para presentar una acusación formal, en ella se le achacan varios delitos a cada uno de los supuestos implicados.
¿De qué tratan estos delitos? A continuación se los detallamos.
Rodrigo Chaves
Al presidente Chaves se le achacan tres delitos electorales.
Uno por haber recaudado fondos para el PPSD “sin haber sido autorizado por el tesorero de la agrupación”; además, por “invitar a recibir depósitos en las cuentas (de la empresa) ATA Trust, siendo ya candidato electo por el PPSD”.
Este posible delito se podría castigar con penas de dos a cuatro años de prisión.
Los otros dos delitos, en realidad, son el mismo, y es por, --ya siendo candidato/precandidato--, haber recibido “contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”.
En este caso, como se detectaron dos estructuras paralelas, se le achaca el mismo aparente delito dos veces. Según la ley, se establecen penas de dos años a seis años de cárcel.
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Stephan Brunner
Al vicepresidente Brunner se le señala por, en apariencia, “conocer sobre la existencia de activos del PPSD adquiridos por el fideicomiso del grupo CRP y no haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes”, tomando en consideración que fue el tesorero de la agrupación.
Para estos casos se establecen penas de dos a seis años de prisión.
Arnoldo André
Por su parte, al canciller André se le señala por dos delitos electorales.
Uno es por, aparentemente, tener el rol de “administrador efectivo del fideicomiso del grupo Costa Rica Próspera”. Este se pena con hasta cuatro años de prisión.
El segundo es por haber hecho donaciones que llegaban hasta los $5.500 (₡3.372.000) a ese fideicomiso a título personal, así como a nombre de dos empresas.
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En este caso, las posibles penas son de dos a cuatro años de cárcel.
Luz Mary Alpízar
A la diputada Alpízar se le menciona, ya que, al parecer, siendo presidenta del partido, recibió múltiples donaciones en especie, teniendo claro que “no habían sido sufragadas por personas físicas costarricenses, y así se lo hizo creer al TSE”.
Este tipo de faltas se penan con condenas de dos a seis años de cárcel.
Waldo Agüero
En el caso del diputado Agüero, la cosa es diferente.
Y es que a él se le señala de una posible violación al código electoral, pero única y exclusivamente, en caso de que estuviera al tanto de que se utilizó la cuenta de su hija para mover dinero con fines políticos.
En caso de que se compruebe que sabía lo que estaba pasando, se expone a penas de dos a seis años.
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Completando la lista de investigados están Sofía Agüero (hija del diputado Agüero), Jack Loeb Casanova, José Francisco Coto Quesada, Andrés Vásquez Landergreen, Luis Diego Soto Clausen, Bernal Jiménez Chavarría, Alonso Vargas Araya, Damaris Robles Aguilar, Adrián Torrealba Navas, Helen Loeb Casanova y José Antonio Yock Fung.
