EscucharRodrigo Chaves y su gabinete, entre ellos los ministros Nogui Acosta y Laura Fernández, presentaron este miércoles 22 de enero, un proyecto de ley que busca ponerles fin a las pensiones de lujo, un tema que ha generado controversia por décadas en el país.
Este proyecto lo que busca es ponerles un techo a las pensiones que otorgan el Poder Judicial, el Magisterio Nacional y la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo.
¿Cómo? La idea es disminuirlas al límite que establece la Caja Costarricense de Seguro Social dentro del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); es decir, como máximo pensiones de 1.666.062 colones.
De sobrevivir, esta iniciativa dice que el tope se va a ir estableciendo, poco a poco, con un plazo máximo de seismeses desde su aprobación, para poner esos techos.
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Y, según deja claro el texto, los topes se van a aplicar “tanto para las pensiones en curso de pago como los nuevos derechos jubilatorios que sean otorgados a partir de la entrada en vigor de esta ley”.
En el pasado
Es importante mencionar que desde la década de los 90 en adelante, se han ido presentando diferentes proyectos de ley para cortarles las alas a las pensiones de lujo.
Por ejemplo, en 1991, con la Ley de Pensiones del Poder Judicial, se establecieron límites en el monto máximo que pueden recibir jueces y otros funcionarios para sus pensiones.
En 2002, la Ley Reguladora de los Regímenes de Pensiones Complementarias estableció ciertas reglas para las pensiones complementarias en el sector público, lo que, a su vez, reguló las pensiones en general.
En 2016, la Ley Marco de Contribución Especial de los Regímenes de Pensiones, estableció un impuesto especial para las pensiones excesivas del presupuesto nacional.
Y con la Reforma normativa de los Regímenes Especiales de Pensiones, se les puso un nuevo tope a las pensiones que se cobran al presupuesto nacional.
También, con la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se firmó en 2018, les puso un límite a las pensiones que reciben los exfuncionarios públicos.
Exceso
Según dio a conocer Chaves, durante la conferencia de prensa de esta semana, el proyecto está basado en un estudio actuarial, en el que analizaron cómo está el arroz en cuanto a las pensiones que se cobran al presupuesto nacional y al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
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Y a la conclusión a la que llegaron es que muchas de estas pensiones no calzan con las cuotas que han ido presentando los pensionados de lujo, a lo largo de su vida laboral.
Por ejemplo, en el caso de las pensiones que otorga la Dirección Nacional de Pensiones, hay 916 que están sobre el límite del régimen del IVM.
Mientras que en el Magisterio Nacional, 3.911 pensiones superan ese techo y, en el Poder Judicial, son 1.151 las personas que reciben una pensión mayor a la del IVM.
Una de las justificaciones del proyecto para ponerles fin a estas pensiones es que, según el estudio, si se comparan con el Producto Interno Bruto (PIB), alcanza porcentajes ridículos.
Por ejemplo, las pensiones del Magisterio equivaldrían a un 27,9% del PIB y las del Poder Judicial al 2,36%.
El temor es que, eventualmente, estas instituciones no van a poder cubrir los gastos, lo que obligaría al Estado a cubrirlos utilizando el Presupuesto Nacional.
