EscucharLos diputados de la Comisión de Derechos Humanos (DDHH) se están poniendo de acuerdo para realizar una visita al Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM), en el cantón de Corredores, en Puntarenas, donde están albergando los migrantes deportados por el gobierno de los Estados Unidos desde hace un mes.
Hay que recordar que estos migrantes provienen de países como China, Venezuela, Afganistán, Rusia y Vietnam. Según le confirmó a este medio el ministro de Seguridad, Mario Zamora, de los 200 migrantes que llegaron al país, 69 ya salieron, 34 están en proceso y el resto siguen a la espera.
Por el momento, ninguno se ha negado a salir del país.
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No obstante, tras los reportes que se han presentado a través de instituciones como la Defensoría de los Habitantes, en los que los migrantes denuncian malas condiciones y violaciones a sus derechos en el CATEM, los diputados decidieron tomar cartas en el asunto.
A través de un oficio enviado por Antonio Ortega, jefe de Fracción del Frente Amplio, y del cual este medio tiene copia, se le notificó al ministro de Seguridad y al director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla Toledo, que la comisión de DDHH diputados estaría viajando el próximo viernes 28 de marzo.
“La Comisión de Derechos Humanos visitarán el CATEM en Corredores para conocer de primera mano la situación de las personas migrantes ahí ubicadas en contra de su voluntad”, explicó Ortega, antes de anunciar que para garantizar la transparencia se va a solicitar la entrada de medios de comunicación.
Denuncias
Como dio a conocer La Teja en su momento, la Defensoría de los Habitantes recopiló varias denuncias de estos migrantes, en su mayoría venezolanos, quienes aseguran que se les ha dado un trato discriminatorio, en comparación con otros grupos de migrantes.
Según han dicho, por ejemplo, se les sacó del sector de los cuartos para meterlos a un área en el que las camas no cuentan con colchonetas. Incluso, han salido a decir que el calor es insoportable.
En ese lugar no hay separación por grupos familiares, mujeres embarazadas, personas con enfermedades o con alguna necesidad de atención, a diferencia del área de cuartos.
Sumado a esto, a pesar de que saben que el agua es potable, muchos de ellos aseguran que sabe a cloro y supuestamente se han presentado cuadros de problemas estomacales y diarreas luego de consumirla.
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A estas denuncias se le suma otra recopilada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que asegura que a estos migrantes se les está violando su derecho de libertad.
Es importante aclarar que, según el derecho internacional, cuando a un migrante se le restringe la circulación fuera del lugar donde se le mantiene resguardado, sin una base legal con causal legítima, se está violentando su derecho de libertad de facto.
Recientemente, en una nota publicada por el medio de comunicación DW Español, uno de los deportados en suelo tico contó que no puede volver a su hogar, ya que tras huir de régimen talibán, en Afganistán, su vida está en riesgo.
